El PP insiste en pedir responsabilidades políticas y en trasladar el caso a la Justicia
La Cámara gallega aprobó el pasado martes el dictamen sobre el ‘caso de la agente electoral’ con los votos a favor del PSdeG y BNG, partidos que, por boca de sus portavoces en la Comisión, Fernández Leiceaga y Carlos Aymerich, respectivamente, justificaron una vez más el resultado de los trabajos porque con ellos se incide “en el fondo de la cuestión”, reiteró Aymerich. El PP, que votó en contra, insiste en pedir responsabilidades políticas, en que se reintegren las cantidades defraudadas y en que se traslade el caso a la Justicia para que “investigue lo que aquí no se permite”, dijo el ‘popular’ Rodríguez Miranda.
El ‘caso de la agente electoral’ agotó el martes de la pasada semana la vía parlamentaria después de que la Cámara gallega aprobara el dictamen de la ponencia elaborado por socialistas y nacionalistas, una vez más, sin el respaldo del PP que, en la sesión plenaria, insistió en que “sus denuncias se han confirmado todas” y que la comisión se cierra “en falso”, según el portavoz ‘popular’ Antonio Rodríguez Miranda.
Exigir el reintegro de las cantidades defraudadas, trasladar el caso a la Justicia “para que investigue lo que [en el Parlamento] no se permite” y pedir responsabilidades políticas son las demandas del PP ante un hecho que califican de “grave”, dijo Rodríguez Miranda, quien reprochó a los representantes del PSdeG y BNG su actitud en este caso, porque “la mentira continuada es el cáncer de la democracia”, apuntó.
Para el PP, son “hechos probados que se pueden contrastar” que María Isabel Blanco, supuesta agente electoral, trabajó para ‘Unións Agrarias’ pese a que fue contratada por ‘Viticultores do Castro’ con una subvención de la Consellería de Traballo, y que ésta visitó Buenos Aires durante 53 días mientras tenía un contrato de trabajo en vigor en el que figuraban 30 días de vacaciones. Los ‘populares’ también consideran probado que se incurrió en falsedad al alegar que se le concedió a Blanco el billete por necesidades económicas y para visitar a su hermana en Argentina, ya que ésta se encontraba en Galicia en el momento del viaje, y que fue la diputada socialista Marisol Soneira quien le hizo llegar el billete. Así mismo, que Blanco trabajó como agente electoral pagada con fondos públicos y que la Consellería de Presidencia cerró la investigación interna con un informe “en el que mintió descaradamente”.
Ante los “fraudes probados, ¿quién se responsabiliza?”, preguntó Miranda, quien volvió a centrar las responsabilidades en el conselleiro de Traballo, Ricardo Varela –“por anteponer sus intereses partidistas a la obligación de velar por el buen uso de los fondos públicos”–; en el titular de Presidencia, José Luis Méndez Romeu –a quien acusan de dirigir una investigación interna sin llegar al fondo de la cuestión–; en el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez –quien incurrió en una “dejación de funciones al no comprobar los requisitos exigidos para conceder el billete”; y en la responsable de Emigración del PSdeG-PSOE, Marisol Soneira, de quien, aseguran, intercedió para que el gobierno pagase ese billete e hizo de intermediaria entre la agente electoral y el Gobierno. Los ‘populares’ también exigen responsabilidades al actual alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, “quien financió su campaña con fondos públicos”, lo que supone una “conducta indecorosa”, dijo Miranda.
“Alguien tiene que asumir responsabilidades” por todo esto, pidió el portavoz ‘popular’, quien señaló a Touriño como el responsable máximo para depurar responsabilidades en un asunto en el que “están involucrados dos conselleiros, un secretario xeral y la responsable de Emigración del PSdeG, todos ellos pertenecientes al partido”, apuntó el portavoz ‘popular’.
Miranda finalizó su intervención preguntando al BNG por su compromiso con Galicia y con una recomendación a los socialistas para que recapaciten. “Los pillaron”, les espetó, y añadió: “Demuéstrennos que tienen dignidad y asuman responsabilidades”.
Vía judicial
El ‘caso de la agente electoral’ agotó la pasada semana la vía parlamentaria, pero podría trasladarse al ámbito judicial si el PP actúa en consecuencia con las recomendaciones recogidas en su texto alternativo al dictamen aprobado por socialistas y nacionalistas. En dicho texto se apunta a la necesidad de que se dé traslado a la autoridad judicial “de todo lo actuado” durante la comisión de investigación, para que “haga las investigaciones oportunas y decida, en su caso, la instrucción del correspondiente procedimiento”. El PP decidió esperar a finalizar la vía parlamentaria para decidir sobre la apertura de la vía judicial, decisión que está pendiente de lo que acuerde el partido.
