Santiago de Chile conoce el Plan de Convivencia Escolar de Castilla y León para diseñar un programa similar
El viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez-Pascuala, desgranó todas las acciones desarrolladas en Castilla y León en materia de convivencia escolar y las medidas que se instaurarán en el futuro durante una ponencia pronunciada en el Seminario Internacional ‘Convivencia, mediación y resolución de conflictos en el ámbito escolar’, organizado por el Gobierno Metropolitano de Santiago de Chile, cuyos responsables gubernamentales tomarán como ejemplo el plan regional para diseñar uno similar. Sánchez-Pascuala explicó de forma cronológica el desarrollo normativo, iniciado en enero de 2005, ante profesores y empleados públicos de la Administración Educativa de Santiago de Chile. El viceconsejero de Educación detalló así las actuaciones de prevención, la formación dirigida a alumnos, familias y profesores, los servicios gratuitos de atención y asistencia jurídica, así como las figuras que velan por un buen clima de convivencia en los centros escolares; coordinadores y mediadores.
Además de enumerar todas las medidas puestas en marcha, el viceconsejero de Educación también se detuvo en los resultados constatados de estas acciones. Así, Sánchez-Pascuala destacó la labor desempeñada por los coordinadores, encargados de la convivencia en los centros, y los alumnos mediadores, responsables de solucionar enfrentamientos en los que se ven implicados otros compañeros.
En este último aspecto, destacó que, gracias a su trabajo, no sólo se han reducido las incidencias entre alumnos y estos y los profesores en los últimos años, sino que también se ha logrado que muchos conflictos se resuelvan sin intervenciones de otros servicios sociales. “La mediación es una herramienta muy eficaz que permite, por medio del diálogo, que los estudiantes reflexionen y se resuelvan los comportamientos inadecuados con acuerdos reeducativos sin mayores problemas”.
Sánchez-Pascuala analizó algunas de las acciones concretas ya desarrolladas y adelantó nuevas propuestas como un plan de actuación para los alumnos que reinciden en comportamientos inadecuados, fruto de las recomendaciones de un grupo de expertos de la Universidad de León, o la convocatoria de premios de buenas prácticas para los alumnos mediadores.
Castilla y León fue la primera comunidad autónoma de España que desarrolló una norma para evitar que se produjeran episodios de violencia en las aulas, tal y como indicaba la Ley sobre Violencia de Género, aprobada por el Gobierno central en noviembre de 2004. Fue en enero de 2005, cuando Castilla y León estableció un plan de actuación para todos los centros escolares estructurado en tres niveles: prevención, diagnóstico y actuación, recordaron fuentes de la Junta en un comunicado.
A partir de este momento, continuó el desarrollo normativo para focalizar cada vez más todos los aspectos que de una u otra forma inciden en la convivencia y regular las medidas que desarrollarían los centros escolares. Uno de los últimos pasos en este sentido, fue la aprobación en mayo de 2007 del Decreto de Derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias. Además, entre los aspectos más innovadores de esta normativa se encuentra que madres y padres están vinculados legalmente en el proceso educativo de sus hijos. De este modo, entre sus obligaciones está adoptar las medidas o ayuda que requieran sus hijos como asistir regularmente a clase, estimularles al estudio, así como respetar y hacerles respetar las normas del centro y las indicaciones y orientaciones del profesorado, entre otras.
En la actualidad, todos los centros educativos de Castilla y León desarrollan planes de convivencia y cuentan con coordinadores y mediadores. Los alumnos, profesores y familias reciben formación e información periódica de las nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y actuación. Además, todas las incidencias que se producen en los centros escolares son recogidas a diario por medio de una plataforma web a diario con el fin de conocer el estado actual del clima en las aulas y saber los pasos que se han dado en cada caso concreto. De forma semestral, los datos son analizados por el Observatorio de Convivencia de Castilla y León, organismo compuesto por representantes de la comunidad educativa y encargado de determinar las posibles causas de los conflictos y promover planes de actuación.
Además de enumerar todas las medidas puestas en marcha, el viceconsejero de Educación también se detuvo en los resultados constatados de estas acciones. Así, Sánchez-Pascuala destacó la labor desempeñada por los coordinadores, encargados de la convivencia en los centros, y los alumnos mediadores, responsables de solucionar enfrentamientos en los que se ven implicados otros compañeros.
En este último aspecto, destacó que, gracias a su trabajo, no sólo se han reducido las incidencias entre alumnos y estos y los profesores en los últimos años, sino que también se ha logrado que muchos conflictos se resuelvan sin intervenciones de otros servicios sociales. “La mediación es una herramienta muy eficaz que permite, por medio del diálogo, que los estudiantes reflexionen y se resuelvan los comportamientos inadecuados con acuerdos reeducativos sin mayores problemas”.
Sánchez-Pascuala analizó algunas de las acciones concretas ya desarrolladas y adelantó nuevas propuestas como un plan de actuación para los alumnos que reinciden en comportamientos inadecuados, fruto de las recomendaciones de un grupo de expertos de la Universidad de León, o la convocatoria de premios de buenas prácticas para los alumnos mediadores.
Castilla y León fue la primera comunidad autónoma de España que desarrolló una norma para evitar que se produjeran episodios de violencia en las aulas, tal y como indicaba la Ley sobre Violencia de Género, aprobada por el Gobierno central en noviembre de 2004. Fue en enero de 2005, cuando Castilla y León estableció un plan de actuación para todos los centros escolares estructurado en tres niveles: prevención, diagnóstico y actuación, recordaron fuentes de la Junta en un comunicado.
A partir de este momento, continuó el desarrollo normativo para focalizar cada vez más todos los aspectos que de una u otra forma inciden en la convivencia y regular las medidas que desarrollarían los centros escolares. Uno de los últimos pasos en este sentido, fue la aprobación en mayo de 2007 del Decreto de Derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias. Además, entre los aspectos más innovadores de esta normativa se encuentra que madres y padres están vinculados legalmente en el proceso educativo de sus hijos. De este modo, entre sus obligaciones está adoptar las medidas o ayuda que requieran sus hijos como asistir regularmente a clase, estimularles al estudio, así como respetar y hacerles respetar las normas del centro y las indicaciones y orientaciones del profesorado, entre otras.
En la actualidad, todos los centros educativos de Castilla y León desarrollan planes de convivencia y cuentan con coordinadores y mediadores. Los alumnos, profesores y familias reciben formación e información periódica de las nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y actuación. Además, todas las incidencias que se producen en los centros escolares son recogidas a diario por medio de una plataforma web a diario con el fin de conocer el estado actual del clima en las aulas y saber los pasos que se han dado en cada caso concreto. De forma semestral, los datos son analizados por el Observatorio de Convivencia de Castilla y León, organismo compuesto por representantes de la comunidad educativa y encargado de determinar las posibles causas de los conflictos y promover planes de actuación.
