ESTáN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIóN, EN ALCALá DE HENARES, PARA SU TRASLADO
Molina muestra las 157.000 cajas que irán al Centro de la Memoria en Salamanca
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, mostró el pasado miércoles a los medios de comunicación las 157.000 cajas de legajos preparadas ya en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, para su traslado “inminente” a Salamanca. Una decisión con la que comienza “la etapa final para cauterizar una gran herida de la historia de España”.
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, mostró el pasado miércoles a los medios de comunicación las 157.000 cajas de legajos preparadas ya en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, para su traslado “inminente” a Salamanca. Una decisión con la que comienza “la etapa final para cauterizar una gran herida de la historia de España”.
“Nuestra intención es que los documentos salgan inmediatamente para garantizar su función pública, el acceso a los investigadores”, destacó el ministro, quien recorrió los pasillos de documentos distribuidos en diferentes plantas del Archivo General.
Se trata de legajos que van desde la Guerra Civil hasta la aprobación de la Constitución, y que reflejan diferentes aspectos del régimen franquista pero también de la vida cotidiana. Así, llegará a la capital charra toda la documentación que se guarda de la Secretaría General del Movimiento y de sus delegaciones, un gigante burocrático que funcionaba casi como “estado dentro del estado”, según las palabras del director del Archivo, Alfonso Dávila.
Las resoluciones dictadas por los diferentes tribunales, desde la Audiencia Nacional, donde se continuó administrando justicia con normalidad incluso durante el sitio de la capital, a los temidos tribunales de Orden Público, documentos que todavía están sujetos a la Ley de Protección de Datos por no haber pasado aún 50 años desde su emisión, viajarán también al futuro Centro de la Memoria Histórica.
Igual que los papeles de las organizaciones sindicales del movimiento, a las que obligatoriamente debían estar afiliados todos los españoles que trabajasen como requisito para cobrar las pensiones y que, gracias a la labor de conservación realizada por los diferentes archivos, permitió la transición a la democracia con todas las garantías para los ciudadanos.
La documentación “más terrible”, la “más triste”, es la que albergan los ficheros penitenciarios, tanto de penados como de los que tenían decretada libertad condicional. Un millón de fichas en total que permanecen almacenadas en los mismos ficheros de la época.
Además de este material, el futuro Centro de la Memoria Histórica se irá nutriendo de algunas aportaciones en materia de cuadros, esculturas y biblioteca que alberga la caja fuerte del Ministerio de Cultura, de donaciones de particulares que prefieren ver sus papeles resguardados en un centro oficial así como de la documentación que se logre recuperar de otros países, una tarea ingente, según destacó el director general del Libro y Archivos, Rogelio Blanco, ya que sólo en Rusia se calcula que puedan existir 12 millones de legajos, a los que hay que sumar los diseminados por Francia o México, entre otros muchos.
Las estanterías identificadas con el cartel ‘Centro Documental de la Memoria Histórica’ son las que guardan los papeles que viajarán a alguna sede provisional en Salamanca, como el Archivo Histórico Provincial, donde se irán albergando hasta que esté terminado el centro, en la plaza de los Bandos. Según destacó el ministro, a finales de año el proyecto arquitectónico para adecuar el edificio a su nuevo destino estará concluido, a lo que habrá que sumar “dos o tres años de obras”.
“Es la historia de los momentos más difíciles de nuestro país, afortunadamente hoy superada”, destacó el ministro, al tiempo que quiso agradecer la labor de “miles y miles de personas que lucharon por la libertad”.
César Antonio Molina también anunció que la Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalitat se reunirá la primera semana de julio para analizar los próximos legajos que deberán salir de Salamanca hacia Cataluña, con el propósito, destacó el ministro, “de cumplir exhaustivamente la ley”. Esta primera reunión será “puramente técnica” y servirá para aclarar “los más y los menos” entre ambas partes, ya que existen discrepancias sobre algunos de los documentos que reclama Cataluña, no así con las siete cajas pendientes de entregar a la Generalitat.
“Nuestra intención es que los documentos salgan inmediatamente para garantizar su función pública, el acceso a los investigadores”, destacó el ministro, quien recorrió los pasillos de documentos distribuidos en diferentes plantas del Archivo General.
Se trata de legajos que van desde la Guerra Civil hasta la aprobación de la Constitución, y que reflejan diferentes aspectos del régimen franquista pero también de la vida cotidiana. Así, llegará a la capital charra toda la documentación que se guarda de la Secretaría General del Movimiento y de sus delegaciones, un gigante burocrático que funcionaba casi como “estado dentro del estado”, según las palabras del director del Archivo, Alfonso Dávila.
Las resoluciones dictadas por los diferentes tribunales, desde la Audiencia Nacional, donde se continuó administrando justicia con normalidad incluso durante el sitio de la capital, a los temidos tribunales de Orden Público, documentos que todavía están sujetos a la Ley de Protección de Datos por no haber pasado aún 50 años desde su emisión, viajarán también al futuro Centro de la Memoria Histórica.
Igual que los papeles de las organizaciones sindicales del movimiento, a las que obligatoriamente debían estar afiliados todos los españoles que trabajasen como requisito para cobrar las pensiones y que, gracias a la labor de conservación realizada por los diferentes archivos, permitió la transición a la democracia con todas las garantías para los ciudadanos.
La documentación “más terrible”, la “más triste”, es la que albergan los ficheros penitenciarios, tanto de penados como de los que tenían decretada libertad condicional. Un millón de fichas en total que permanecen almacenadas en los mismos ficheros de la época.
Además de este material, el futuro Centro de la Memoria Histórica se irá nutriendo de algunas aportaciones en materia de cuadros, esculturas y biblioteca que alberga la caja fuerte del Ministerio de Cultura, de donaciones de particulares que prefieren ver sus papeles resguardados en un centro oficial así como de la documentación que se logre recuperar de otros países, una tarea ingente, según destacó el director general del Libro y Archivos, Rogelio Blanco, ya que sólo en Rusia se calcula que puedan existir 12 millones de legajos, a los que hay que sumar los diseminados por Francia o México, entre otros muchos.
Las estanterías identificadas con el cartel ‘Centro Documental de la Memoria Histórica’ son las que guardan los papeles que viajarán a alguna sede provisional en Salamanca, como el Archivo Histórico Provincial, donde se irán albergando hasta que esté terminado el centro, en la plaza de los Bandos. Según destacó el ministro, a finales de año el proyecto arquitectónico para adecuar el edificio a su nuevo destino estará concluido, a lo que habrá que sumar “dos o tres años de obras”.
“Es la historia de los momentos más difíciles de nuestro país, afortunadamente hoy superada”, destacó el ministro, al tiempo que quiso agradecer la labor de “miles y miles de personas que lucharon por la libertad”.
César Antonio Molina también anunció que la Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalitat se reunirá la primera semana de julio para analizar los próximos legajos que deberán salir de Salamanca hacia Cataluña, con el propósito, destacó el ministro, “de cumplir exhaustivamente la ley”. Esta primera reunión será “puramente técnica” y servirá para aclarar “los más y los menos” entre ambas partes, ya que existen discrepancias sobre algunos de los documentos que reclama Cataluña, no así con las siete cajas pendientes de entregar a la Generalitat.
