La Junta prevé la creación de una Oficina del Retorno para facilitar el regreso de los emigrantes

La Junta prevé la creación de una Oficina del Retorno de Castilla y León para facilitar el regreso a la Comunidad de los emigrantes, así como la expedición de una tarjeta específica que les permita acreditar su condición de ciudadano castellano y leonés y, de este modo, se les facilite el acceso a los servicios y beneficios que se derivan de esta situación.
Así se recoge en el anteproyecto del Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración del retorno 2009-2012 que ultima el Ejecutivo autonómico y que ha conocido la agencia Ical. Esta oficina será la encargada de prestar un servicio integral a los castellanos y leoneses que pretendan volver a la Comunidad, o que ya estén en ella, y se prevé que se ponga en marcha a través de convenios con las asociaciones de retornados.
De este modo, a través de este servicio se facilitarán las ayudas necesarias para la tramitación de permisos, expedientes de jubilaciones o pensiones o plazas en residencias de la tercera edad, para los más mayores, así como otras prestaciones para los jóvenes que van desde la tramitación de la ayuda al empleo, los programas específicos de formación o cursos de preparación profesional.


Instrumento
La Oficina se convertirá en un instrumento dirigido a “facilitar el retorno y el acceso a los servicios de información y orientación básicos para la plena integración en la sociedad de los retornados; posibilitar el acceso a determinados servicios asistenciales; fomentar el desarrollo de la actividad emprendedora; garantizar el acceso a la educación; facilitar el acceso a una vivienda digna y promover su plena integración en la vida cultural de la región”, según se recoge en el anteproyecto.
El Plan, que responde al compromiso de legislatura planteado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura y al mandato emanado de la reforma estatutaria, tiene su ámbito de aplicación tanto en los emigrantes castellanos y leoneses como en aquellos que se desplacen al exterior del país temporalmente, a quienes quieran retornar o lo hayan hecho y a sus familiares.
El proyecto, conocido por Ical, concede una gran importancia a las actuaciones del Gobierno regional encaminadas a garantizar entre los inmigrantes el ejercicio “real y efectivo” de los derechos y deberes que recoge el Estatuto de Autonomía, como por ejemplo el de participación en los asuntos públicos, a una buena administración, a la educación, la salud o los servicios sociales.
Para ello, entre los objetivos, el plan deja claro que el Gobierno regional se plantea complementar la protección dispensada a los emigrantes por los servicios públicos del país de residencia e incluso incluye la creación de una tarjeta ‘Castilla y León exterior’ que se convertirá en una especie de carné, “símbolo visible del compromiso de la Junta de Castilla y León con nuestros emigrantes”, que servirá como “medio de prueba suficiente” para acreditar la condición de ciudadano castellano y leonés en el exterior y emigrante retornado y facilitar así el acceso a los servicios y beneficios que ello conlleva.
Esta tarjeta será “un instrumento básico para la articulación” de todas las medidas recogidas en el plan y la tarjeta promoverá la participación de este colectivo en foros culturales, concursos, bienales artísticas y en actividades relacionadas con las nuevas tecnologías.
Otro de los objetivos del anteproyecto pasa por reforzar los movimientos asociativos de los castellanos y leoneses fuera de la Comunidad y potenciar el papel de los centros regionales, así como instaurar un marco de colaboración más intenso entre el Gobierno regional y las distintas entidades locales, fundaciones, universidades y sociedades privadas que participan en la ejecución de las políticas de emigración, así como las propias asociaciones de castellanos y leoneses en el exterior.
Así, el plan convertirá convertir a las principales casas de Castilla y León en centros prestadores de servicios a los castellanos y leoneses, entidades colaboradoras con la Administración e “importantes focos culturales, donde se proyecte una imagen de Castilla y León en todos su ámbitos: culturales, educativos, económicos y sociales”. En esta nueva organización, continúa el texto, se reforzarán las políticas de renovación generacional en el seno de las entidades de emigrantes y se dará prioridad a la creación dentro de ellas de grupos estables de jóvenes “con financiación propia y gestión compartida y participativa”.
Otra línea de actuación pasa por incorporar a los centros de Castilla y León en el exterior y a sus miembros a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con medidas que posibiliten la información, el intercambio y las relaciones a través de las nuevas tecnologías.


Nuevas tecnologías
Para todo ello, se ha diseñado una herramienta de gestión del Plan, basada en el uso de las nuevas tecnologías, en torno a siete ejes de actuación y que contemplan actuaciones como la configuración de un portal de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y emigrantes retornados; la atención especializada a estos colectivos mediante el teléfono 012; el desarrollo de una base de datos única y la creación de un registro único de entidades castellanas y leonesas; la incorporación de entidades colaboradoras y el desarrollo de protocolos comunes de actuación entre la administración autonómica y los centros y casas regionales, entre otros.
El Plan pretende, también, la creación de una Fundación Castilla y León Exterior, en cuyo patronato estarán todas las Consejerías involucradas en la emigración y del que podrán tomar parte también ayuntamientos, diputaciones y otras personas y entidades que trabajen en el ámbito migratorio.
El objetivo de esta entidad será fomentar el desarrollo para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior, promover el patrimonio, la cultura y los valores de la Comunidad, así como la cooperación sociocultural con países, entidades, instituciones y organismos de los territorios donde existan grupos de castellanos y leoneses, mantener el conocimiento y las costumbres regionales y promover el conocimiento de la realidad de la Comunidad en las nuevas generaciones de castellanos y leoneses que residen fuera de la región.
Otro de los agentes implicados será el Consejo de la Emigración de Castilla y León, creado en 2006, y cuya misión es el asesoramiento en relación con la política de apoyo a la emigración.
A todos estos servicios tendrán acceso un gran número de personas, ya que la población emigrante de Castilla y León se ha visto incrementada en los últimos años, con un aumento superior al 6 por ciento entre 2003 y 2006, pasando de 89.317 personas a las 94.734 que contabilizó el Instituto Nacional de Estadística tres años después. En 2004, el número de emigrantes era de 92.495, y, en 2005, ascendió a 93.728.