INCLUIRÁ EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN DE CONOCER LA LENGUA CASTELLANA
Castilla y León tendrá a finales de este año una Ley de Integración de los Inmigrantes
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará a finales de este año o principios de 2010 el proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, que pretende configurarse como “una herramienta útil para mejorar y facilitar la convivencia entre culturas” y que incluirá como derecho y obligación el conocimiento de la lengua castellana por parte de los inmigrantes.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará a finales de este año o principios de 2010 el proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, que pretende configurarse como “una herramienta útil para mejorar y facilitar la convivencia entre culturas” y que incluirá como derecho y obligación el conocimiento de la lengua castellana por parte de los inmigrantes.
Así lo señaló el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, tras reunirse con diversos colectivos del Foro de Integración de Inmigrantes para presentar lo que será la futura ley que el Gobierno regional pretende que salga “con el consenso y la participación” de todos.
Con esta nueva ley se dará cobertura jurídica a los planes y ayudas dirigidas a los inmigrantes, al tiempo que se incluyen en ella derechos relacionados con la sanidad, la vivienda, la educación o el ámbito social.
Entre ellos, y también como un deber se encuentra la obligación de conocer la lengua castellana para “protegerla”, según recordó Fernández Mañueco. También, incluirá derechos al movimiento asociativo, otros de relaciones con la Administración o para facilitar su integración, como el derecho a la reagrupación familiar.
En cuanto a los deberes, en primer lugar, se encuentra el respeto a las leyes, a los reglamentos y al orden jurídico. Detrás, la ley contendrá una lista de deberes para contribuir al sostenimiento del gasto público, el respeto al medioambiente, el patrimonio cultural, la colaboración en situaciones de emergencia o catástrofe o el deber de escolarización de los niños, entre otros.
Castilla y León será la segunda comunidad autónoma, después de la Valenciana, en contar con una ley en esta materia. Será una referencia para los poderes públicos en su actuación con este colectivo, para los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones, y una referencia “para todos los ciudadano” para facilitar su integración.
El anteproyecto se ha redactado con la participación de más de 180 entidades de Castilla y León relacionadas con la inmigración a través de cuestionarios y entrevistas personales.
El borrador pasará después al Consejo Económico y Social y después al Consultivo para ser tratado en el Consejo de Gobierno, antes de comenzar la última fase de su aprobación y posterior publicación.
Así lo señaló el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, tras reunirse con diversos colectivos del Foro de Integración de Inmigrantes para presentar lo que será la futura ley que el Gobierno regional pretende que salga “con el consenso y la participación” de todos.
Con esta nueva ley se dará cobertura jurídica a los planes y ayudas dirigidas a los inmigrantes, al tiempo que se incluyen en ella derechos relacionados con la sanidad, la vivienda, la educación o el ámbito social.
Entre ellos, y también como un deber se encuentra la obligación de conocer la lengua castellana para “protegerla”, según recordó Fernández Mañueco. También, incluirá derechos al movimiento asociativo, otros de relaciones con la Administración o para facilitar su integración, como el derecho a la reagrupación familiar.
En cuanto a los deberes, en primer lugar, se encuentra el respeto a las leyes, a los reglamentos y al orden jurídico. Detrás, la ley contendrá una lista de deberes para contribuir al sostenimiento del gasto público, el respeto al medioambiente, el patrimonio cultural, la colaboración en situaciones de emergencia o catástrofe o el deber de escolarización de los niños, entre otros.
Castilla y León será la segunda comunidad autónoma, después de la Valenciana, en contar con una ley en esta materia. Será una referencia para los poderes públicos en su actuación con este colectivo, para los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones, y una referencia “para todos los ciudadano” para facilitar su integración.
El anteproyecto se ha redactado con la participación de más de 180 entidades de Castilla y León relacionadas con la inmigración a través de cuestionarios y entrevistas personales.
El borrador pasará después al Consejo Económico y Social y después al Consultivo para ser tratado en el Consejo de Gobierno, antes de comenzar la última fase de su aprobación y posterior publicación.
