PROYECTOS DE SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA O ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOS MÁS BENEFICIADOS
El 45% de la ayuda al desarrollo de la Junta, a los países más pobres de África
La Junta de Castilla y León orientará el 45 por ciento de sus fondos a las políticas de ayuda al desarrollo en el periodo 2009-2012 a 22 países del África subsahariana más pobres y a proyectos de servicios sociales básicos como la salud, educación, vivienda o abastecimiento de agua potable con el objeto de erradicar la pobreza, defender los derechos humanos, facilitar un cambio en estos países y mejorar su calidad de vida.
La Junta de Castilla y León orientará el 45 por ciento de sus fondos a las políticas de ayuda al desarrollo en el periodo 2009-2012 a 22 países del África subsahariana más pobres y a proyectos de servicios sociales básicos como la salud, educación, vivienda o abastecimiento de agua potable con el objeto de erradicar la pobreza, defender los derechos humanos, facilitar un cambio en estos países y mejorar su calidad de vida.
El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, presentó las líneas del primer Plan Director de Cooperación, que prevé aprobar antes de que finalice el año, en la comisión correspondiente de las Cortes para buscar el acuerdo de los grupos y, después, hizo lo mismo al Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Después de una introducción de homenaje y reconocimiento a la figura de Vicente Ferrer por su “compromiso con los más desfavorecidos”, a la que se sumaron PP y PSOE, Fernández Mañueco desgranó los objetivos de un plan con el que se pretende llegar en 2015 a destinar un 0,7 por ciento de los recursos propios de la Junta a la cooperación al desarrollo, como recoge la ley aprobada en 2006.
Entre las prioridades del plan están la igualdad de género y evitar la discriminación a las mujeres, la lucha contra la pobreza y sus causas, el respeto al medio ambiente, la defensa de los derechos humanos como garantía e impulso de la democracia y el respeto a la diversidad cultural con especial atención a las poblaciones indígenas.
La Junta reservará el 25 por ciento de la planificación anual de su ayuda al desarrollo a los países del África subsahariana con un índice menor de desarrollo humano, a países con situación de fragilidad por guerras u otros conflictos y a desplazados o refugiados por pandemias como el sida, la malaria, tuberculosis, cólera o hambrunas. En este grupos de países se encuentran Angola, Burkina Fasso, Camerún, Chad o Etiopía en África; Marruecos y los campamentos saharauis en el Norte de África; Haití, Guatemala o El Salvador en Latinoamérica; India, Indonesia o los territorios palestinos en Asia y Oriente Próximo.
Otro grupo de países destinatario de las ayudas de Castilla y León será en los que existen grandes diferencias en el interior de su territorio, como Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México o Paraguay. Por último, están las naciones con una relación histórica, social o cultural con la Comunidad Autónoma, donde se incluye a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana.
Por otro lado, el 20 por ciento de la ayuda irá a proyectos y servicios colectivos de carácter básico, como el acceso al agua en condiciones saludables, la educación, la sanidad o la vivienda. Esta medida, según el consejero, cumple el compromiso del Pacto de Estado de 2007 contra la Pobreza.
Fernández Mañueco defendió la participación y la transparencia con la que se ha elaborado al plan, subrayó que se ha dado participación a 153 organizaciones y colectivos y añadió que se han incorporado dos terceras partes de las 300 alegaciones presentadas. De las propuestas recogidas, destacó la ampliación de 36 a 41 países, el refuerzo transversal de los derechos humanos, la referencia expresa a los grupos más vulnerables –personas con discapacidad, niños abandonados u homosexuales– y la apuesta por proyectos de codesarrollo que promuevan las asociaciones de inmigrantes que trabajan en Castilla y León.
La modalidad será a través de las ayudas de la Junta de Castilla y León, el apoyo a microcréditos y la acción humanitaria ante catástrofes inmediatas producidas por hechos naturales o conflictos armados. El consejero, que insistió en buscar el apoyo de los grupos a este plan porque enmarcó la ayuda al desarrollo como una política de comunidad, manifestó que hasta ahora también se ha llevado a cabo proyectos humanitarios por parte de la Junta, que destina este año 15 millones de euros en los presupuestos aprobados por las Cortes.
Según Fernández Mañueco, el centenar de proyectos en los que colabora la Junta de Castilla y León llegan a 2,3 millones de personas que sufren las condiciones de un menor desarrollo, por lo que destacó la solidaridad de la Comunidad, más en un momento de crisis económica. “El objetivo es reforzar estas políticas”, aseveró.
La Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobada seis meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, marca el plazo de un año para la elaboración del Plan Director. También recoge la constitución de la Comisión y del Consejo Interterritorial de Desarrollo, ya creados, y de un registro de agentes de cooperación, también puesto en marcha.
Por último, reclamó la sensibilización de la sociedad, donde afirmó que tienen un papel relevante los medios de comunicación, abogó por la formación e investigación y por el apoyo a las redes del comercio justo. Una vez aprobado este plan se presentará la planificación anual.
El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, presentó las líneas del primer Plan Director de Cooperación, que prevé aprobar antes de que finalice el año, en la comisión correspondiente de las Cortes para buscar el acuerdo de los grupos y, después, hizo lo mismo al Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Después de una introducción de homenaje y reconocimiento a la figura de Vicente Ferrer por su “compromiso con los más desfavorecidos”, a la que se sumaron PP y PSOE, Fernández Mañueco desgranó los objetivos de un plan con el que se pretende llegar en 2015 a destinar un 0,7 por ciento de los recursos propios de la Junta a la cooperación al desarrollo, como recoge la ley aprobada en 2006.
Entre las prioridades del plan están la igualdad de género y evitar la discriminación a las mujeres, la lucha contra la pobreza y sus causas, el respeto al medio ambiente, la defensa de los derechos humanos como garantía e impulso de la democracia y el respeto a la diversidad cultural con especial atención a las poblaciones indígenas.
La Junta reservará el 25 por ciento de la planificación anual de su ayuda al desarrollo a los países del África subsahariana con un índice menor de desarrollo humano, a países con situación de fragilidad por guerras u otros conflictos y a desplazados o refugiados por pandemias como el sida, la malaria, tuberculosis, cólera o hambrunas. En este grupos de países se encuentran Angola, Burkina Fasso, Camerún, Chad o Etiopía en África; Marruecos y los campamentos saharauis en el Norte de África; Haití, Guatemala o El Salvador en Latinoamérica; India, Indonesia o los territorios palestinos en Asia y Oriente Próximo.
Otro grupo de países destinatario de las ayudas de Castilla y León será en los que existen grandes diferencias en el interior de su territorio, como Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México o Paraguay. Por último, están las naciones con una relación histórica, social o cultural con la Comunidad Autónoma, donde se incluye a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana.
Por otro lado, el 20 por ciento de la ayuda irá a proyectos y servicios colectivos de carácter básico, como el acceso al agua en condiciones saludables, la educación, la sanidad o la vivienda. Esta medida, según el consejero, cumple el compromiso del Pacto de Estado de 2007 contra la Pobreza.
Fernández Mañueco defendió la participación y la transparencia con la que se ha elaborado al plan, subrayó que se ha dado participación a 153 organizaciones y colectivos y añadió que se han incorporado dos terceras partes de las 300 alegaciones presentadas. De las propuestas recogidas, destacó la ampliación de 36 a 41 países, el refuerzo transversal de los derechos humanos, la referencia expresa a los grupos más vulnerables –personas con discapacidad, niños abandonados u homosexuales– y la apuesta por proyectos de codesarrollo que promuevan las asociaciones de inmigrantes que trabajan en Castilla y León.
La modalidad será a través de las ayudas de la Junta de Castilla y León, el apoyo a microcréditos y la acción humanitaria ante catástrofes inmediatas producidas por hechos naturales o conflictos armados. El consejero, que insistió en buscar el apoyo de los grupos a este plan porque enmarcó la ayuda al desarrollo como una política de comunidad, manifestó que hasta ahora también se ha llevado a cabo proyectos humanitarios por parte de la Junta, que destina este año 15 millones de euros en los presupuestos aprobados por las Cortes.
Según Fernández Mañueco, el centenar de proyectos en los que colabora la Junta de Castilla y León llegan a 2,3 millones de personas que sufren las condiciones de un menor desarrollo, por lo que destacó la solidaridad de la Comunidad, más en un momento de crisis económica. “El objetivo es reforzar estas políticas”, aseveró.
La Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobada seis meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, marca el plazo de un año para la elaboración del Plan Director. También recoge la constitución de la Comisión y del Consejo Interterritorial de Desarrollo, ya creados, y de un registro de agentes de cooperación, también puesto en marcha.
Por último, reclamó la sensibilización de la sociedad, donde afirmó que tienen un papel relevante los medios de comunicación, abogó por la formación e investigación y por el apoyo a las redes del comercio justo. Una vez aprobado este plan se presentará la planificación anual.
