ENVIÓ UNA SOLICITUD AL GOBIERNO CENTRAL PARA IMPULSAR UN PROCESO NEGOCIADOR
El Parlamento canario pide una solución a las expropiaciones en Venezuela
El Parlamento de Canarias acordó pedir al Gobierno de España que impulse un proceso negociador para tratar de solventar los graves problemas “sin resolver” derivados de las expropiaciones de empresas españolas efectuadas por el Gobierno de Venezuela.
El Parlamento de Canarias acordó pedir al Gobierno de España que impulse un proceso negociador para tratar de solventar los graves problemas “sin resolver” derivados de las expropiaciones de empresas españolas efectuadas por el Gobierno de Venezuela.
Así consta en una declaración institucional que se leyó al inicio de un pleno de la Cámara autonómica, y en la que se indica que todos los grupos políticos son conscientes de las dificultades por las que atraviesan las compañías españolas expropiadas por el Gobierno venezolano y las repercusiones para los afectados.
Por eso, el Parlamento de Canarias pidió al Gobierno español que negocie la justa contraprestación a las medidas de expropiación y las garantías jurídicas para los afectados.
También “dentro del mutuo respeto y las correctas relaciones” entre los países, la Cámara regional solicitó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que demande una respuesta adecuada para determinar un justiprecio a empresas que, como Agroisleña (fundada por un emigrante canario hace más de 50 años), han sido intervenidas sin cumplirse todavía los trámites legales de los procesos de expropiación.
“El Parlamento de Canarias, que representa a más de dos millones de personas, incluidas las que radican en Venezuela, defenderá sus derechos y hace un sincero llamamiento a la administración venezolana para solucionar los graves problemas económicos y sociales que afectan a muchos emigrantes”, subraya la declaración.
También indica la Cámara autonómica que esos emigrantes canarios han contribuido a la creación de la riqueza nacional “de ese gran país”, a la vez que ayudaron al bienestar del archipiélago canario, vinculado ‘por lazos históricos y culturales” con Venezuela.
Varias decenas de casos de expropiación aún están pendientes de resolver, de los que la mayoría afecta a ciudadanos canarios y gallegos residentes en regiones del oeste de Venezuela.
La expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños y combatir el latifundio.
Según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), un total de 173.456 ciudadanos españoles viven en Venezuela, de los cuales más de 62 mil tienen origen canario.
Así consta en una declaración institucional que se leyó al inicio de un pleno de la Cámara autonómica, y en la que se indica que todos los grupos políticos son conscientes de las dificultades por las que atraviesan las compañías españolas expropiadas por el Gobierno venezolano y las repercusiones para los afectados.
Por eso, el Parlamento de Canarias pidió al Gobierno español que negocie la justa contraprestación a las medidas de expropiación y las garantías jurídicas para los afectados.
También “dentro del mutuo respeto y las correctas relaciones” entre los países, la Cámara regional solicitó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que demande una respuesta adecuada para determinar un justiprecio a empresas que, como Agroisleña (fundada por un emigrante canario hace más de 50 años), han sido intervenidas sin cumplirse todavía los trámites legales de los procesos de expropiación.
“El Parlamento de Canarias, que representa a más de dos millones de personas, incluidas las que radican en Venezuela, defenderá sus derechos y hace un sincero llamamiento a la administración venezolana para solucionar los graves problemas económicos y sociales que afectan a muchos emigrantes”, subraya la declaración.
También indica la Cámara autonómica que esos emigrantes canarios han contribuido a la creación de la riqueza nacional “de ese gran país”, a la vez que ayudaron al bienestar del archipiélago canario, vinculado ‘por lazos históricos y culturales” con Venezuela.
Varias decenas de casos de expropiación aún están pendientes de resolver, de los que la mayoría afecta a ciudadanos canarios y gallegos residentes en regiones del oeste de Venezuela.
La expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños y combatir el latifundio.
Según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), un total de 173.456 ciudadanos españoles viven en Venezuela, de los cuales más de 62 mil tienen origen canario.
