ASEGURA QUE “NO TENEMOS CONSTANCIA DE QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA HAYA ADOPTADO ESA DECISIÓN”
López Aguilar dice que no hay constancia de que Paulino Rivero sea persona ‘non grata’ en Venezuela
El presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que no tienen constancia oficial de que el Gobierno de Venezuela haya declarado persona ‘non grata’ al jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero Baute. “No tenemos constancia de que el Gobierno de Venezuela haya adoptado esa decisión.
El presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que no tienen constancia oficial de que el Gobierno de Venezuela haya declarado persona ‘non grata’ al jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero Baute. “No tenemos constancia de que el Gobierno de Venezuela haya adoptado esa decisión. Sólo me constan las declaraciones que le he escuchado a Paulino Rivero”, afirmó en rueda de prensa.
De todos modos, en relación con las declaraciones de uno de los representantes del Gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, López Aguilar consideró que Rivero “no tiene ninguna credibilidad para afirmar que no consentirá atropellos a los canarios”, ya que el Gobierno que lidera, dijo, “viene atropellando a los canarios mucho tiempo”.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero Baute, volvió a exigir la pasada semana a Venezuela y a su presidente, Hugo Chávez Frías, que cesen las expropiaciones sobre la nutrida comunidad de emigrantes canarios que residen en el país sudamericano.
“Los canarios han trabajado muy duro en Venezuela. Han puesto en producción fincas y explotaciones ganaderas y en estos momentos hay que exigir que el Gobierno venezolano proteja estas propiedades y que estas propiedades no pueden ser asaltadas ni expoliadas”, dijo Rivero Baute en una entrevista radiófonica.
El presidente canario visitó Venezuela a finales de enero, donde se entrevistó con representantes de la comunidad canaria. Paulino Rivero señaló que respeta la legislación soberana de Venezuela, pero insistió en que se debe indemnizar a los ciudadanos expropiados.
En su cuenta personal de Twitter, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, Temir Porras Ponce de León, dijo sobre el presidente canario y candidato a la reelección por Coalición Canaria (CC) que “interferir en asuntos internos de Venezuela por sus intereses electorales personales, más que defender suena a manipular”.
“Si en razón a una ley venezolana, estas tierras son expropiadas, las expropiaciones han de llevar aparejada las necesarias indemnizaciones y lo voy a decir siempre, no va a silenciarme ni el viceministro venezolano ni nadie porque creo que es mi papel defender el interés de los canarios”, respondió el mandatario.
117 afectados
Voceros de la comunidad canaria en Venezuela cifraron en unos 117 los afectados por estas expropiaciones e invasiones de sus propiedades, de los cuales apenas una decena de ellos han sido compensados.
En España, el opositor Partido Popular (PP) acusó al Gobierno de España de dejar a los más de 200.000 españoles –la mayoría canarios– que viven en Venezuela en una “situación de abandono”. El PP subrayó que de las 8.000 fincas agrarias que existen en el país sudamericano, unas 2.000 son propiedad de “compatriotas españoles”.
La expropiación de fincas forma parte del proceso impulsado por Hugo Chávez para establecer un modelo socialista en Venezuela.
Según la Constitución, el Gobierno venezolano respeta la propiedad privada, pero prevé que “por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
De todos modos, en relación con las declaraciones de uno de los representantes del Gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, López Aguilar consideró que Rivero “no tiene ninguna credibilidad para afirmar que no consentirá atropellos a los canarios”, ya que el Gobierno que lidera, dijo, “viene atropellando a los canarios mucho tiempo”.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero Baute, volvió a exigir la pasada semana a Venezuela y a su presidente, Hugo Chávez Frías, que cesen las expropiaciones sobre la nutrida comunidad de emigrantes canarios que residen en el país sudamericano.
“Los canarios han trabajado muy duro en Venezuela. Han puesto en producción fincas y explotaciones ganaderas y en estos momentos hay que exigir que el Gobierno venezolano proteja estas propiedades y que estas propiedades no pueden ser asaltadas ni expoliadas”, dijo Rivero Baute en una entrevista radiófonica.
El presidente canario visitó Venezuela a finales de enero, donde se entrevistó con representantes de la comunidad canaria. Paulino Rivero señaló que respeta la legislación soberana de Venezuela, pero insistió en que se debe indemnizar a los ciudadanos expropiados.
En su cuenta personal de Twitter, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, Temir Porras Ponce de León, dijo sobre el presidente canario y candidato a la reelección por Coalición Canaria (CC) que “interferir en asuntos internos de Venezuela por sus intereses electorales personales, más que defender suena a manipular”.
“Si en razón a una ley venezolana, estas tierras son expropiadas, las expropiaciones han de llevar aparejada las necesarias indemnizaciones y lo voy a decir siempre, no va a silenciarme ni el viceministro venezolano ni nadie porque creo que es mi papel defender el interés de los canarios”, respondió el mandatario.
117 afectados
Voceros de la comunidad canaria en Venezuela cifraron en unos 117 los afectados por estas expropiaciones e invasiones de sus propiedades, de los cuales apenas una decena de ellos han sido compensados.
En España, el opositor Partido Popular (PP) acusó al Gobierno de España de dejar a los más de 200.000 españoles –la mayoría canarios– que viven en Venezuela en una “situación de abandono”. El PP subrayó que de las 8.000 fincas agrarias que existen en el país sudamericano, unas 2.000 son propiedad de “compatriotas españoles”.
La expropiación de fincas forma parte del proceso impulsado por Hugo Chávez para establecer un modelo socialista en Venezuela.
Según la Constitución, el Gobierno venezolano respeta la propiedad privada, pero prevé que “por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
