Varela destapa contratos con cesión de trabajadores de la etapa del PP
El conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, acalló al portavoz del PP en la comisión de investigación por el caso de la supuesta agente electoral al afirmar que la anterior Xunta concedió una subvención a la ‘Fundación Fesan’ para contratar a ocho personas, que, según sus datos, también trabajaban en el gabinete político de la anterior Consellería de Asuntos Sociales. Varela se defendió así de las acusaciones de no haber actuado después de saber que la supuesta agente electoral desempeñó su trabajo en ‘Unións Agrarias’ en Vimianzo (A Coruña), pese a ser contratada por ‘Viticultures do Castro’, una asociación radicada en Ourense, con fondos de su departamento, procedentes de la UE.
El conselleiro de Traballo acudió a declarar el viernes a última hora de la mañana y con él se cerraba el turno de comparecencias para tratar de llegar al fondo de un asunto que está generando polémica desde el pasado mes de febrero y en el que se vio implicado indirectamente su departamento.
Los integrantes de la comisión –el PP, principalmente– le pedían explicaciones sobre la concesión de una subvención por parte de su Consellería a la asociación ‘Viticultores do Castro’ para cubrir la demanda de un puesto de administrativo, que, a la postre, se concedería a María Isabel Blanco –supuesta agente electoral socialista–, pero que ésta ejercería en el sindicato Únións Agrarias’ en Vimianzo.
Tras asegurar que ese ‘baile’ de trabajadores, aunque “no es habitual”, tampoco “es excepcional”, el titular de Traballo arremetió contra la actuación del anterior Gobierno ‘popular’, ya que, según denunció, concedió una subvención a la ‘Fundación Fesan’ para contratar a ocho personas que, según sus datos, también trabajaban en el gabinete político de la anterior Consellería de Asuntos Sociales.
Con esta afirmación, Varela cerraba su comparecencia, no sin antes aclarar, a petición de los portavoces de los grupos, la finalidad de estas subvenciones que concede Traballo, con fondos de la UE, que consiste, dijo, en fomentar el empleo y procurar la inserción laboral de personas en situación de desventaja laboral: mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión. Blanco reunía al menos cuatro de los requisitos establecidos para concederle el puesto de trabajo, dijo Varela, quien también puntualizó que se trata de “fondos finalistas”, esto es, que se destinan al pago de los salarios de las personas que se contratan.
El conselleiro, que contrapuso la “transparencia actual al oscurantismo” de otras épocas –en alusión al PP–, dijo que su departamento asumió las políticas activas de empleo que heredó del anterior gobierno y, en relación a este asunto, matizó que la Consellería facilita las ayudas con “desconocimiento de los trabajadores que luego se contraten a través de estos servicios”. También destacó que Traballo no recibió “reclamación ni renuncia por parte de la trabajadora” sobre la que se centra la comisión.
Más de 6.500 personas se benefician actualmente de estas subvenciones, según Varela, quien informó de que la relación laboral sobre el horario de trabajo, las funciones a desempeñar o las vacaciones “incumbe a las partes”.
El conselleiro avaló la “legalidad íntegra” de la subvención que su departamento concedió a ‘Viticultores do Castro’, pero anunció que la Dirección Xeral de Promoción de Emprego “tiene abierto” un procedimiento de información sobre este asunto para averiguar si hubo “algún desvío”. Con esta aclaración respondió al portavoz del PPdeG, Rodríguez Miranda, cuando le preguntó “¿qué va a hacer?”, en relación a si había iniciado algún expediente para pedir a ‘Viticultores’ que devuelva la subvención por hacer uso de ella “indebidamente”.
El representante ‘popular’ le preguntó si conocía lo que estaba pasando con María Isabel Blanco, ya que, de no ser así, estaría “incurriendo en dejación de funciones”. Por otra parte, Miranda coincidió con el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, quien alertó sobre la posibilidad de que con este tipo de actuaciones se pueda poner en riesgo la ayuda de la Unión Europea para estos fines. Aymerich, que que en más de una ocasión calificó este asunto como “penoso”, reconoció, sin embargo, que la actuación de la Consellería de Traballo en la concesión de la ayuda fue “intachable”.
Varela atribuyó este caso a la “suciedad mental” del Partido Popular que, a su juicio, mantiene interiorizado “un chip de funcionamiento” de la Administración pública y piensa “que se prolongó en el tiempo”. En el actual gobierno “somos escrupulosos en la concesión de las ayudas”, dijo, y añadió que la diferencia con la etapa anterior es que ahora hay “más control y más transparencia”.
