PSOE y BNG evitan pedir dimisiones y se ciñen a dictar recomendaciones sobre viajes y voto exterior

Socialistas y nacionalistas aprobaron el martes de la pasada semana, con el voto en contra del PP, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de la agente electoral en el que se limitan a relatar lo que ha quedado contrastado en la comisión y a exponer una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar que situaciones como la que se han abordado en este foro u otras que tienen que ver con la falta de transparencia del voto exterior, se vuelvan a repetir. El portavoz del PP en la comisión, Antonio Rodríguez Miranda, ha mostrado la “total oposición” de su grupo a la manera en que PSdeG y BNG pretenden cerrar el caso, y anunció que presentarán un dictamen alternativo. Así mismo, dijo que no descartan acudir a los tribunales si no se depuran responsabilidades.

El dictamen aprobado por la ponencia recoge unos hechos probados, unas conclusiones y una serie de recomendaciones a la Xunta de Galicia sobre cómo actuar en el futuro para no caer en el mismo error, pero en él para nada se habla de asumir responsabilidades, porque, tras la documentación facilitada y las declaraciones de los comparecientes, todo indica que “hubo deficiencias que deben ser corregidas”, pero no queda acreditado que hubiese ningún “comportamiento de carácter doloso”, entiende el portavoz socialista en la comisión, Xaquín Fernández Leiceaga, por lo que considera que el Gobierno no tiene que decidir cese de ningún tipo.
Seis son las recomendaciones que los representantes del PSdeG y BNG han aprobado para dar carpetazo a un asunto que podía acabar en los tribunales si no se depuran responsabilidades y los socios de Gobierno apuestan por “mirar hacia otro lado”, aseguró el portavoz del PPdeG en la comisión, Antonio Rodríguez Miranda. Los ‘populares’ consideran insuficiente el contenido del dictamen, toda vez que en la comisión quedó demostrado que los hechos “acreditan que se ha cometido algún fraude de ley”, dijo Miranda.
El apartado de recomendaciones a la Xunta se abre haciendo relación al conflicto derivado del ‘caso de la agente electoral’ y, en este sentido, pide que se fije una normativa reglada para conceder los viajes de carácter humanitario que precisen los residentes en el exterior, y que se dé prioridad “a aquellos viajes que tengan una mayor urgencia o necesidad social”.
Así mismo, se insta al Gobierno autonómico a abrir la firma de convenios de patrocinio con otras compañías aéreas que así lo deseen –hasta la fecha sólo se hacía con Iberia, y fue gracias al acuerdo de la Secretaría Xeral de Emigración con dicha compañía lo que permitió el viaje a Argentina de María Isabel Blanco–, y limitar el uso de este convenio a viajes del personal al servicio del departamento de Emigración de la Xunta, ya que, según se pudo comprobar, desde que entró en vigencia hicieron uso de este acuerdo gallegos residentes en el exterior por motivos diversos, periodistas, investigadores y participantes en actividades culturales, así como dos alcaldes del PP en fechas próximas a la celebración de las elecciones locales de 2003.
En lo que atañe a la actuación de la Consellería de Traballo, que concedió una subvención a la asociación ‘Viticultores do Castro’ para contratar como administrativa a María Isabel Blanco –la supuesta agente electoral, que acabaría desempeñando su labor en el sindicato ‘Unións Agrarias’– se recomienda obligar a todas las entidades beneficiarias a comunicar todas aquellas modificaciones que afecten a la realización de la actividad a desarrollar por los contratados con cargo a la subvención concedida.
Los nacionalistas no quisieron dejar escapar la oportunidad de incluir entre las recomendaciones aquellas que hacen referencia a la limpieza del voto exterior, y lograron el apoyo de los socialistas para instar a la Xunta a promover la reforma de la legislación electoral gallega antes de las próximas elecciones autonómicas, con el fin de garantizar el escrutinio de votos del exterior no más tarde del tercer día siguiente al de las elecciones.
Así mismo, se recomienda a los grupos parlamentarios gallegos y al propio Parlamento a promover la reforma de la legislación electoral a través de las Cortes Generales antes de las próximas elecciones autonómicas, con el objeto de que los residentes en el exterior puedan votar en urna o por correo con las mismas garantías que los residentes en la comunidad.
Por último, piden al Gobierno gallego que, a partir de la convocatoria de elecciones, limite los viajes institucionales al extranjero a las citas de obligado cumplimiento o a razones de extrema urgencia.


Hechos probados
El dictamen detalla los hechos probados en comisión gracias a la documentación aportada y a las declaraciones contrastadas de los comparecientes, por lo que se reconoce el acuerdo entre la compañía Iberia y la Xunta de Galicia, por medio del cual el Gobierno gallego dispondría de 24.000 euros en billetes de avión para viajes, con la contraprestación de conceder a la compañía un trato preferencial a la hora de realizar viajes y también para facilitar la difusión, entre las comunidades gallegas, de publicidad y de los productos comerciales que oferta.
Otro de los aspectos que dejan claro es que la concesión de estos billetes de avión no estaba sujeta a criterios ni prioridad alguna.
En los hechos se detalla también que por mediación de la diputada socialista Marisol Soneira, María Carmen Blanco –hermana de la supuesta agente electoral– se benefició del convenio entre la Xunta e Iberia para visitar en Galicia a su madre, quien se encontraba hospitalizada, y que, posteriormente, la propia María Isabel Blanco, igualmente, por mediación de Soneira, viajaría a Buenos Aires con un billete concedido gracias al mismo acuerdo. Sin embargo, este viaje, que se justificó para que María Isabel fuera a visitar a su hermana Carmen, enferma, no tuvo tal finalidad, ya que en el dictamen se detalla que ésta se encontraba en Vimianzo por esas mismas fechas.
Respecto a ‘Viticultures do Castro’, sociedad con domicilio social en Ourense y cuyo ámbito de trabajo es la Ribeira Sacra, en el texto se recoge que presentó una solicitud para contratar a tres desempleados en la demarcación de la comarca de Valdeorras, pero que la Consellería de Traballo le concedió una subvención para un trabajador, que dicha entidad le cedió al sindicato ‘Unións Agrarias’, que se encargó de la selección del puesto de trabajo mediante oferta de empleo dirigida a la oficina pública de Cee (A Coruña).
La persona seleccionada, la propia María Isabel Blanco, trabajó en el local de ‘Unións Agrarias’ en Vimianzo, bajo la jefatura de Félix Porto –candidato a la alcaldía por Muxía en las elecciones municipales de 2003 y la persona para quien Blanco reconoció haber actuado como agente electoral–, y disfrutó de 53 días de vacaciones para poder viajar a Buenos Aires en fechas coincidentes con la precampaña y campaña electoral de las municipales de mayo de 2007, según se detalla en el escrito.
Por último, se recoge que Blanco reconoció que actuó como agente electoral tras una visita que le realizaron representantes del PP, aunque esa “documentación fidedigna” que, dijo, le mostraron, “no fue aportada”, según se asegura en el texto.