Los grupos cierran la comisión disputando los plazos para el recuento del voto exterior

PSdeG y BNG centraron la última sesión de la comisión sobre el caso de la supuesta agente electoral en un debate sobre los plazos para el recuento del voto exterior y, con la oposición del PP, ambos grupos llegaron a un acuerdo para reducir el plazo de escrutinio del voto emigrante a un máximo de tres días después de la celebración de las elecciones. Esta medida se materializará mediante una reforma de la legislación gallega “antes de las próximas elecciones autonómicas”. El PP, que consideró el debate una estrategia para disuadir del asunto central de la comisión, votó en contra porque entiende que “reduciendo el plazo se reducirá también el número de votos” del exterior.

El dictamen conjunto de socialistas y nacionalistas sobre el caso de la presunta agente electoral –aprobado en ponencia con el respaldo de los integrantes del bipartito– fue ratificado el pasado lunes en la comisión de investigación con los votos a favor de ambos grupos, que rechazaron el texto alternativo presentado por los ‘populares’, por lo que no cabe esperar que se asuman responsabilidades políticas por estos hechos, más allá de prestar atención a las recomendaciones que se incluyen en el informe.
Los socios de gobierno hicieron causa común para pasar de puntillas sobre el objeto de la comisión: sacar conclusiones y depurar responsabilidades sobre el supuesto pago de viajes a agentes electorales del PSOE con fondos de la Secretaría Xeral de Emigración y la contratación laboral de esos agentes con fondos de la Consellería de Traballo, por lo que, en la última reunión de la comisión centraron el debate sobre uno de los aspectos recogidos en ese dictamen, el que hace referencia al escrutinio del voto exterior.
Así, acordaron promover la reforma de la legislación electoral gallega con el fin de garantizar el escrutinio de los votos emitidos por los residentes en el exterior no más tarde del tercer día siguiente al de las elecciones.
Este plazo, fijado en la Ley orgánica del Régimen Electoral General, había sido ampliado en cinco días en noviembre de 2004, durante el mandato de Manuel Fraga, con los votos a favor del PP y PSdeG y con la oposición del BNG, por lo que el recuento se prolongó hasta el octavo día después de las elecciones.
El socialista Fernández Leiceaga reconoció que “la situación planteada en las últimas autonómicas no es buena”, por lo que reivindicó la necesidad de reducir el plazo.
El nacionalista Carlos Aymerich se preguntó “qué problema tiene el PP en que el escrutinio se produzca el mismo día que el escrutinio en Galicia”, a lo que el ‘popular’ Rodríguez Miranda aclaró que “reduciendo el plazo pretenden que cuantos menos votos sean válidos, mejor”. “Si quieren que los emigrantes no voten, díganlo sin subterfugios”, dijo a los nacionalistas.
Rodríguez Miranda justificó la ampliación de plazos en la etapa de Gobierno del PP porque en algunos países extranjeros el servicio de correos “funciona como funciona”.
Otro de los aspectos que enfrentaron a ‘populares’ y nacionalistas en el debate fue el voto en urna, también recogido en las recomendaciones. Los tres grupos reconocieron en los últimos días que la proposición de ley aprobada en el Parlamento gallego para reclamar este derecho no estará lista para ser aplicada en las autonómicas gallegas de 2009, por lo que los nacionalsitas reclamaron al PP la presentación de una iniciativa en la Cámara baja, para propiciar el debate y agilizar el proceso. Miranda sugirió a Aymerich que haga la misma petición al PSOE. “Son socios para una cosa y para otra, no”, le espetó.
El BNG solicitó que estos dos puntos del dictamen referentes a la reforma de la legislación electoral gallega y nacional se votasen de forma separada al resto del dictamen, lo que llevó a los ‘populares’ a proponer que todas sus recomendaciones sobre el caso de la agente electoral se votasen también por separado.
El PP votó en contra de los dos apartados del dictamen de los socios del bipartito y, respecto al voto en urna, justificaron su voto negativo alegando que PSdeG y BNG rechazaron previamente la recomendación del PP de que fuese la Xunta, en lugar del Parlamento, la que promoviese la reforma ante el Gobierno central.