Familiares de víctimas de la dictadura argentina se reúnen con el juez Oyarbide
La Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina se presentó a finales de 2006 ante la Justicia como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de doce gallegos, en el ámbito del primer cuerpo del ejército, a cargo del juez federal Daniel Rafeca. El pasado viernes, día 6, representantes de la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, junto a un grupo de familiares de gallegos desaparecidos y los abogados que entienden en la causa, participaron de una audiencia con el juez federal Norberto Oyarbide.
Después de la primera presentación de la Federación como querellante, en 2006, se presentaron dos ampliaciones de querella. Una, a finales de 2007, con ocho nuevos casos, y la otra, hace dos semanas, con dos casos más.
La Federación, patrocinada por los abogados Nicolás Tauber Sanz y Patricio Geynor de Liberpueblo, acompaña, en cada caso, pruebas, presenta testimonios, recursos de ‘habeas corpus’, etc., en representación de los gallegos desaparecidos en la Argentina.
“El objetivo de esta entidad (la única Federación de la colectividad que se ha presentado como querellante ante los tribunales argentinos) es que los familiares de las víctimas no se presenten en solitario, en especial después de la desaparición de Jorge Julio López, hace más de 18 meses”, explicaron Tauber Sanz y Geynor.
En este sentido, precisó el presidente de la Federación, Francisco Lores, “intentamos proteger a los familiares de la exposición”, de ahí la audiencia celebrada con el juez federal Norberto Oyarbide.
El magistrado investiga la desaparición –entre otras– de Juan Carlos Casariego de Bel en el marco de la causa denominada ‘Almirón’, que agrupa delitos económicos cometidos durante la última dictadura militar argentina.
La Federación también se ha presentado como querellante en la causa ESMA. “Es la única entidad de sus características que se ha presentado en todas las causas que investigan crímenes de dictadura en Capital Federal”, apuntó Tauber. Es decir, tanto en la causa ‘Almirón’ a cargo del juez Norberto Oyarbide; como la causa “ESMA”, que está en el juzgado del doctor Torres, como en la causa del primer cuerpo del ejército que lleva adelante el doctor Rafeca.
Avance lento
Las causas avanzan, reconocen Tauber Sanz y Geynor, pero tan lentamente que según algunas estimaciones podrían estar resueltas dentro de 30 ó 40 años.
“El problema –aseguran– es que se investiga el asesinato y desaparición de miles de personas con un código procesal que está destinado a resolver casos individuales. Lo que hace muy compleja la investigación, el trámite, y el régimen de juzgamiento de los genocidas”.
“Esto puede tener muchas aristas políticas, en el sentido de por qué se hace o no se hace nada, pero lo cierto es que este problema existe, es grave, y el Estado Nacional no ha tomado ninguna medida para resolverlo, ni siquiera ha asignado más recursos a los juzgados que se dedican a tratar de resolver estos casos”, valoran los abogados.
