“No creo en la Justicia, pero es importante continuar con este reclamo”

Pregunta. ¿Qué actividades desarrollaba su padre cuando desapareció?
Respuesta. En ese momento ejercía funciones como director de Inversiones Extranjeras, del Ministerio de Economía de la Nación. Accedió a este cargo después de una trayectoria de 30 años como funcionario público, por designación de la Junta militar.
P. ¿Cuál es el vínculo que investiga entre su papel al frente de este organismo y su desaparición?
R. Dentro de las causas que se pudieron relacionar con la desaparición de él fue su negativa a la firma de la venta de la Compañía Italo Argentina de Electricidad. Mi padre no estaba de acuerdo con esa venta porque la consideraba un negociado y se negó a firmar la autorización. 20 días después desapareció y 3 ó 4 meses más tarde los militares nombraron un director interino que fue quien autorizó la venta de la Italo.
La Italo era una empresa que en su origen, a principios de siglo, era extranjera, pero se había hecho un contrato, por el cual Argentina recuperaba acciones de la compañía todos los años. En 1977, la empresa ya era totalmente argentina. El entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, plantea nacionalizarla, por un valor de 398 millones de dólares. Conformaban el consorcio que ‘vende’ las acciones de la Italo al Estado por un precio millonario el propio Martínez de Hoz (que fue su presidente de la compañía hasta el 28 de marzo de 1977, cuatro días antes de asumir su cargo en el Ministerio de Economía), Guillermo Klein y Juan Alemann, ex secretarios de Planificación Económica y de Hacienda, respectivamente, entre otros personajes que también ocuparon importantes cargos políticos importantes en el proceso.
Mi padre había calculado que al Estado le correspondía pagar unos ocho millones de dólares para el traspaso de los bienes inmuebles de la compañía, pero la estimación que hizo una consultora, que integraba Juan Alemann –hermano de Norberto Alemann, uno de los beneficiarios de la venta– fue de 398 millones de dólares.
P. ¿Qué sucedió tras la desaparición de su padre?
R. Se pusieron en contacto con nosotros los secuestradores. Nos pidieron un rescate y con eso hicieron pasar la desaparición por un secuestro extorsivo. En ese momento, los secuestradores pusieron como requisito que fuera yo la negociadora. Tenía 17 años y fue muy difícil para mí llevar adelante las negociaciones. Yo tenía que ir a buscar las pruebas de vida que pedía mi madre.
Nos pidieron 50.000 dólares, pero nosotros no teníamos ese dinero, así que estuvimos una semana en negociaciones hasta que logramos reunir el dinero, con la ayuda de familiares y amigos.
Recibimos una última prueba de que mi viejo estaba vivo y no se comunicaron más con nosotros. En la última carta que nos mandó su letra estaba muy desdibujada. Y cuando mi madre pidió una prueba más de que estaba vivo, ya no se comunican más. No fue sino hasta hace algunos años que empezamos a enterarnos más cosas en relación a su secuestro.
P. ¿Cómo se puso en contacto nuevamente con este tema?
R. Fue hace unos 13 años, a raíz de un programa de investigación periodística, que yo tuve acceso a un documento con el supuesto interrogatorio que le hicieron a mi padre. En ese informe figura también su orden de ejecución y esa fecha coincide con el momento en el que nosotros perdimos contacto con los captores de mi padre.
La última prueba de vida que nos dieron de mi padre fue el 21 de septiembre y la fecha de la sentencia de su muerte es del 23 de septiembre.
Durante todos estos años –hasta hace dos años– fue mi madre quien llevó adelante los reclamos por mi padre. Después de su muerte yo tomé la posta y estoy siguiendo con el reclamo de justicia.
P. ¿Dónde se presentó la causa originalmente, y por qué?
R. Esta causa se presentó en el juzgado de Rafeca pero hace un tiempo me llamaron para avisarme que la causa había sido derivada al juzgado de Norberto Oyarbide, donde se incorporó a la causa ‘Almirón’, que es la que agrupa delitos económicos de la dictadura. Después de mucho tiempo un día me llaman del juzgado de Oyarbide para declarar y recién este viernes el juez me anuncia que se “reabre” la causa.
P. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir y los plazos que podrían esperarse?
R. Mi salud mental tiene que ver con que no creo en la Justicia y no espero que hagan nada. Pero no quiero dejar de hacer esto porque me parece que, a pesar de todo, es importante hacerlo; al margen de que no creo que pase nada. Creo mucho más en la concienciación de la gente sobre lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar algo así que en lo que puedan hacer los juzgados en Argentina. Son contados los jueces que están dispuestos a hacer algo y menos a tocar a esta gente que sigue ocupando lugares destacados.
El otro día tuve que presentar un libro mío en el marco de la Feria Internacional del Libro que se realizó en el predio de la Sociedad Rural Argentina y lo tuve que presentar en una sala que lleva el nombre de José Martínez de Hoz, ¿lo podés creer?