El Gobierno da seis meses a los emigrantes retornados para que regularicen sus pensiones

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales aprobó el proyecto de ley de reforma del IRPF y del impuesto de la Renta de los no Residentes, que incluye un periodo de seis meses, desde enero de 2015, de regularización sin sanciones de las pensiones procedentes del extranjero.

Así, durante el primer semestre de 2015 los afectados podrán presentar autoliquidaciones complementarias de los periodos impositivos que no hayan prescrito. Del mismo modo, el texto legal anula las sanciones, recargos e intereses de demora. Los que ya se hayan abonado, serán devueltos.

El Gobierno central considera que la medida “facilita la integración de estos ciudadanos como cualquier otro residente en España”.

Desde la Xunta de Galicia, la medida se ha acogido con satisfacción, ya que “desde un primer momento” entendió que los pensionistas “actuaron en su inmensa mayoría sin ánimo defraudatorio”. Además, el proyecto de Ley responde a la solicitud unánime del Parlamento de Galicia.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer), Eva Foncubierta, se mostró “satisfecha” con la resolución, ya que “ha sido un gran avance”. “Por fin, el Gobierno ha escuchado las justas reivindicaciones hechas por el colectivo de retornados”, asegura Foncubierta quien también muestra sus reticencias sobre cómo se va a llevar a cabo este anuncio. “Con la apertura de este periodo de regulación entendemos que el gobierno reconoce que ha existido una mala información por parte de esta Administración así como un cambio de interpretación de la ley que ha desembocado en los numerosos requerimientos que han recibido injustamente. Por este motivo, debemos considerar insuficiente este anuncio y solicitamos que no se aplique con efecto retroactivo”, aseguró.

La presidenta de la Federación espera que la devolución del dinero procedente de la anulación de las multas y las sanciones sea “devuelto de oficio y que no se demore en el tiempo”. “Con la apertura de este periodo de regulación entendemos que el gobierno reconoce que ha existido una mala información por parte de esta Administración así como un cambio de interpretación de la ley que ha desembocado en los numerosos requerimientos que han recibido injustamente. Por este motivo, debemos considerar insuficiente este anuncio y solicitamos que no se aplique con efecto retroactivo”.

Además, Foncubierta explica que pedirán que aquellos pensionistas retornados que tras hacer la regulación de 2010 a 2014 tengan que pagar “lo puedan hacer en un plazo de 60 meses y a interés cero, independientemente de la cuantía”. “Queremos que esto sea así para todo el mundo y que el Gobierno no entre a valorar si se hace sólo para las cuantías elevadas”, explica la presidenta de los retornados.

Una vez que han conseguido parar este proceso que, según dicen, sólo tenía “afán recaudatorio”, quieren ir más allá y modificar la forma de tributar de las pensiones en el extranjero, “pero ese hay que hacerlo dentro de la reforma de la Ley Fiscal”, asegura la presidenta de los retornados.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Plataformas de Emigrantes Retornados de Galicia considera “insuficiente” el anuncio del Ministerio de Hacienda y reclama que el período extraordinario de regularización previsto no se aplique con carácter retroactivo y afecte a los ingresos devengados en 2014 y no antes.

Además también muestran su preocupación por “cómo se van a realizar esos reintegros y reclaman que se haga de oficio y a todas las personas afectadas”.

Desde ambas asociaciones recuerdan que esta solución es el resultado de  más de un año de intensas movilizaciones y esperan que no se utilice “con fines electoralistas”.

Carmen Gallego, portavoz de Políticas Sociales del PSdeG, destacó la retirada de las sanciones como un logro de los pensionistas retornados y recordó que esto es sólo una parte de sus demandas.

“Todavía falta por conseguir la revisión de todos los convenios bilaterales de la Unión Europea (UE) para evitar la doble imposición”, sentenció Gallego, justo antes de reclamar la “modificación de la legislación fiscal en el ámbito nacional sobre la tributación aplicada a dos pagadores”.

Los ‘populares’ de Galicia se mostraron satisfechos por la moratoria anunciada por el Gobierno que recoge “la demanda aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego” y que fue defendida por la Consellería de Facenda.