La Confederación Europea debate con Miras, Prada y Silva los asuntos de actualidad que afectan al colectivo emigrante

Integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia se entrevistó, el pasado 13 de mayo, con el director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, en Madrid para exponerle sus puntos de vista y sus propuestas en relación con la situación actual de la emigración española en Europa y la política de emigración del Gobierno español.

La delegación de la Confederación Europea se reunió también en la tarde del mismo día con la diputada y secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, y en la mañana del día 14 con Alfredo Prada, diputado y secretario ejecutivo del PP en el Exterior. 

Los tres interlocutores recibieron el documento ‘Una organización de servicio. Función, tareas y recursos. Reflexiones y propuestas al Director General de Migraciones’, que contiene el análisis y las propuestas de la Confederación Europea sobre los derechos ciudadanos y políticos de los españoles emigrantes, situación de la enseñanza de la lengua y cultura española en las ALCE, la nueva emigración con su problemática y potencialidades y los programas de ayuda a las asociaciones de españoles emigrantes.

Derecho al voto

En cuanto al derecho al voto, se manifestaron diferencias notables en la posición mantenida por los partidos visitados. Carmela Silva insistió en que tanto ella como su partido habían pedido disculpas públicamente por haber tomado la iniciativa de imponer el voto rogado, que afecta al derecho básico de participación de los emigrantes, sin haber tenido en cuenta los “avisos acertados” de los residentes en el exterior.

La representante del PSOE manifestó que su partido se ha comprometido en la Conferencia política recientemente celebrada a eliminar el voto rogado, para lo que espera poder llegar a acuerdos con todos los demás grupos políticos, a excepción del BNG, que rechaza categóricamente el voto emigrante.

Para ello, el PSOE presentará a la Mesa del Congreso la solicitud de abrir de nuevo este debate, una vez pasadas las elecciones europeas

Alfredo Prada, por su parte, insistió en que su partido está dispuesto a suprimir el voto rogado para el voto en urna, pero no para el voto por correo.

El representante del PP considera que así se daría una “igualdad de condiciones” con los residentes en España, que también deben solicitar el voto si desean votar por correo. La delegación de la Confederación Europea le manifestó su desacuerdo con este criterio, por entender que no tiene en cuenta la dispersión geográfica de la emigración española en el mundo.

La supuesta “igualdad de condiciones” se daría solamente en el caso de que las urnas para votar en la emigración fuesen igualmente accesibles en España. Prada manifestó que desearía mantener y profundizar en este debate sobre el derecho al voto de los emigrantes y que estaría abierto a nuevas propuestas de la Confederación Europea al respecto.

Carmela Silva y Alfredo Prada coincidieron en señalar que sus respectivos partidos políticos no piensan devolver a los españoles emigrantes el derecho al voto en las elecciones municipales del que les privaron con la última reforma de la LOREG.

Por otra parte, tanto el director general como los dos diputados entrevistados admitieron que la caída de la participación electoral de los emigrantes, derivada de la imposición del voto rogado, ha tenido repercusiones negativas para hacer valer sus derechos en la vida política española.

Situación de la enseñanza de la lengua y cultura española en las ALCE

Los puntos de vista y la valoración manifestada por los tres entrevistados sobre la situación que se vive actualmente en las ALCE coinciden en gran medida con los posicionamientos de la Confederación Europea.

El uso adecuado de las nuevas tecnologías debe suponer siempre un refuerzo, nunca un sustitutivo de la enseñanza presencial y este principio vale aún con más fuerza para los alumnos más pequeños.

Los representantes de la Confederación Europea señalaron que el programa de las clases de lengua y cultura española en el exterior está amenazado de muerte, si se continúa con la línea impuesta autoritariamente y sin diálogo con las partes interesadas por la subdirectora general de cooperación internacional del Ministerio de Educación, María Ángeles Muñoz Fernández de Bastida.

Alfredo Prada manifestó estar dispuesto a intervenir políticamente para cambiar la situación, ante lo cual la delegación de la Confederación Europea manifestó que el cambio urgentemente necesario sólo será posible con una persona nueva en la Subdirección General, por lo que solicitó al político del PP que actúe ante el ministro de Educación para conseguir el cese de Muñoz Fernández de Bastida. La Confederación Europea reclamó asimismo una mayor implicación del director general de Migraciones en este asunto.

La nueva emigración y el potencial de las asociaciones

Los representantes de la Confederación Europea reclamaron de la Administración española una acción más decidida y mejor coordinada para ayudar a los nuevos emigrantes españoles a adaptarse con éxito a su nueva situación y a mantener los lazos emotivos, culturales y sociales con España, para lo cual es imprescindible contar con el potencial de las asociaciones de emigrantes. Éstas ya asumen actualmente funciones de información, asesoramiento y acompañamiento de los nuevos emigrantes y deberían recibir más apoyo de la administración española para realizar estas tareas.

Por otra parte, la Confederación Europea insistió en que no se debe pensar que el retorno de los jóvenes bien cualificados que abandonan ahora el país se va a producir automáticamente, sin una política activa de acompañamiento que lo favorezca, en cuyo diseño e implementación corresponde a las asociaciones un papel insustituible.

La Confederación Europea transmitió a sus interlocutores el profundo malestar creado por la casi nula presencia de representantes de la Administración española en la XXVII Asamblea General de su organización nacional en Alemania, celebrada el pasado mes de noviembre y dedicada precisamente a estudiar la problemática de la nueva emigración.

Los programas de ayuda a las asociaciones de españoles emigrantes

La representante del PSOE, Carmela Silva, criticó las “rebajas en cadena” de las ayudas a las asociaciones emigrantes practicadas por el Gobierno español en los últimos ejercicios presupuestarios y señaló que están en contradicción abierta con las declaraciones de los partidos a favor de una mayor participación ciudadana en la vida política.

Carmela Silva apeló a los representantes de la Confederación Europea a no perder el ánimo ante las dificultades crecientes derivadas de la falta de financiación y les pidió que continúen su “trabajo imprescindible” en favor de la emigración española en Europa.

El director general, por su parte, manifestó su voluntad de seguir ayudando a la Confederación Europea y a sus organizaciones nacionales, en la medida en que se lo permitan los cada vez más estrechos márgenes presupuestarios y la actuación crecientemente rígida de la Intervención del Estado.

En este sentido, Miras Portugal no dio expectativas de corresponder a las propuestas presentadas por la Confederación Europea para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos requeridos en los programas de ayudas a las asociaciones y librarlos de la burocratización creciente que padecen y que se ha convertido en un verdadero obstáculo para el trabajo de la organización. Muy al contrario, el director general manifestó su preocupación ante la reforma prevista de la Ley de Subvenciones y el posible empeoramiento de las condiciones de los programas, que podría llevar –según sus palabras– a la práctica desaparición de las ONG.

La delegación de la Confederación Europea transmitió también esta preocupación a Carmela Silva y a Alfredo Prada y reclamó de ambos que se opongan a la reforma legal que prepara el Ministerio de Hacienda y que tendría consecuencias catastróficas para todo el sector.

La Confederación Europea advirtió a sus interlocutores del peligro que representaría no sólo para las organizaciones de los españoles emigrantes sino también para toda la vida democrática en España una situación legal en la que, de hecho, sólo los partidos políticos, las organizaciones con fines lucrativos y los grupos con poder económico pudieran tener acceso a recursos financieros de procedencia pública. En este caso, el trabajo de las asociaciones, de las organizaciones nacionales y de la propia Confederación Europea sólo recibiría ayudas de los países de residencia, con las implicaciones de ahí derivadas.