El Consejo de la Emigración analizará el plan de apoyo a la ciudadanía en el exterior

El Consejo de la Emigración de Castilla y León se reunirá este próximo jueves en Valladolid para conocer la propuesta del anteproyecto del Plan Integal de Apoyo a la Ciudadanía en el Exterior y a la Emigración de Retorno 2009-2012, que ha elaborado la Consejería de Interior y Justicia y que el Gobierno regional pretende aprobar antes de que concluya 2008 para su puesta en marcha y desarrollo de las medidas que contempla de forma inmediata.

La reunión del Consejo de la Emigración se celebrará este próximo jueves, día 25, por la mañana. A la cita puede acudir el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado.
Quien sí estará en la reunión será el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, que estará acompañado por el director general de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, Félix Colsa.
Además, está previsto que acudan representantes de todas las áreas implicadas, como el director general de vivienda y arquitectura, el gerente del servicio público de empleo, el director general de asistencia sanitaria, el director de juventud, la directora de calidad, innovación y formación del profesorado y el director general de turismo.
Como representante de las entidades locales acudirá el secretario general de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Valentín Cisneros, mientras que las universidades estarán representadas por el profesor titular de geografía en León, Antonio Maya.
Las comunidades castellano y leonesas en el exterior contarán con la presencia de Pedro Bello, Sergio Rabanillo y Claudio López, en representación de Argentina, Cuba y México, respectivamente.
Por parte de las casas regionales en España, acudirán Carlos Cantalapiedra, de Madrid, José Mazuela, del País Vasco, y Andrés Luis Heras, que es el presidente de la confederación de casas regionales.
Finalmente, también acudirá la presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados, Milagros Melgar.
El consejero de Interior y Justicia expondrá el plan y el Consejo, que tiene carácter consultivo no vinculante, lo analizará para intentar mejorarlo para su aprobación definitiva, que está prevista para finales de este mismo año.
Entre las principales medidas del plan, la Junta prevé la creación de una Oficina del Retorno de Castilla y León para facilitar el regreso a la Comunidad de los emigrantes, así como la expedición de una tarjeta específica que les permita acreditar su condición de ciudadano castellano y leonés y, de este modo, se les facilite el acceso a los servicios y beneficios que se derivan de esta situación.
Esta oficina será la encargada de prestar un servicio integral a los castellanos y leoneses que pretendan volver a la Comunidad o que ya estén en ella y se prevé que se ponga en marcha a través de convenios con las asociaciones de retornados.
De este modo, a través de este servicio se facilitarán las ayudas necesarias para la tramitación de permisos, expedientes de jubilaciones o pensiones o plazas en residencias de la tercera edad, para los más mayores, así como otras prestaciones para los jóvenes que van desde la tramitación de la ayuda al empleo, los programas específicos de formación o cursos de preparación profesional.
La Oficina se convertirá en un instrumento dirigido a “facilitar el retorno y el acceso a los servicios de información y orientación básicos para la plena integración en la sociedad de los retornados; posibilitar el acceso a determinados servicios asistenciales; fomentar el desarrollo de la actividad emprendedora; garantizar el acceso a la educación; facilitar el acceso a una vivienda digna y promover su plena integración en la vida cultural de la región”, según se recoge en el anteproyecto.
El Plan, que responde al compromiso de legislatura planteado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura y al mandato emanado de la reforma estatutaria, tiene su ámbito de aplicación tanto en los emigrantes castellanos y leoneses, como en aquellos que se desplacen al exterior del país temporalmente, a quienes quieran retornar o lo hayan hecho y a sus familiares.
El proyecto concede una gran importancia a las actuaciones del Gobierno regional encaminadas a garantizar entre los inmigrantes el ejercicio “real y efectivo” de los derechos y deberes que recoge el Estatuto de Autonomía, como por ejemplo el de participación en los asuntos públicos, a una buena administración, a la educación, la salud o los servicios sociales.
Para ello, entre los objetivos el plan deja claro que el Gobierno regional se plantea complementar la protección dispensada a los emigrantes por los servicios públicos del país de residencia e incluso incluye la creación de una tarjeta ‘Castilla y León exterior’ que se convertirá en una especie de carné, “símbolo visible del compromiso de la Junta de Castilla y León con nuestros emigrantes”, que servirá como “medio de prueba suficiente” para acreditar la condición de ciudadano castellano y leonés en el exterior y emigrante retornado y facilitar así el acceso a los servicios y beneficios que ello conlleva. Esta tarjeta será “un instrumento básico para la articulación” de todas las medidas recogidas en el plan.
Otro de los objetivos del anteproyecto pasa por reforzar los movimientos asociativos de los castellanos y leoneses fuera de la Comunidad y potenciar el papel de los centros regionales, así como instaurar un marco de colaboración más intenso entre el Gobierno regional y las distintas entidades locales, fundaciones, universidades y sociedades privadas que participan en la ejecución de las políticas de emigración, así como las propias asociaciones de castellanos y leoneses en el exterior.
Así, el plan convertirá a las principales casas de Castilla y León en centros prestadores de servicios a los castellanos y leoneses, entidades colaboradoras con la Administración e “importantes focos culturales, donde se proyecte una imagen de Castilla y León en todos su ámbitos: culturales, educativos, económicos y sociales”. En esta nueva organización –continúa el texto– se reforzarán las políticas de renovación generacional en el seno de las entidades de emigrantes y se dará prioridad a la creación dentro de ellas de grupos estables de jóvenes “con financiación propia y gestión compartida y participativa”.
Otra línea de actuación pasa por incorporar a los centros de Castilla y León en el exterior y a sus miembros a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con medidas que posibiliten la información, el intercambio y las relaciones a través de las nuevas tecnologías.
El Plan pretende la creación de una Fundación Castilla y León Exterior, para fomentar el desarrollo para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior.