Porto retrasa su declaración al estimarse el recurso en el que pide una fianza al PP
El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, eludió declarar el miércoles de la pasada semana por el ‘caso agente electoral’ después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión estimase el recurso por él presentado en el que solicita al PP una fianza para prevenir el pago de las cantidades que se pudieran derivar de la actuación procesal. A la vista de la reclamación, el Juzgado estimó fijar en 3.000 euros la cantidad que el PP debe abonar esta semana para que continúe el procedimiento iniciado. Una vez depositada la fianza, se señalará nueva fecha para la declaración de Porto, según se recoge en el auto judicial.
El PPdeG entiende que el alcalde de Muxía pretende “evitar” la investigación judicial por el ‘caso agente electoral’, motivo por el que presentó un recurso en el que alega “defectos” de forma a la querella del PP. Se trata de defectos “del calibre” de “no depositar una fianza y no presentar la querella con un poder especial”, recoge el PSdeG en un comunicado.
En un auto dado a conocer el pasado día 4 –dos días antes de la fecha estipulada para la declaración de Porto– se acuerda la estimación parcial del recurso, ya que se da por subsanado el defecto de “poder especial”, aunque se acuerda exigir una fianza a la parte querellante por importe de 3.000 euros.
Los ‘populares’ acusan a Félix Porto de protagonizar una “espantada” al no acudir a declarar el pasado día 6, pese a haber manifestado con anterioridad su “deseo” de que llegase el día para poder dar su versión de los hechos en el Juzgado de Corcubión y que “los denunciantes se convirtiesen en denunciados”.
Para el partido de la oposición, este “capítulo” protagonizado por el alcalde de Muxía incrementa la “clara sensación” de que dirigentes socialistas se encuentran “bajo sospecha” y de que existe una trama en el seno de la Xunta.
El regidor socialista pretende “evitar” comparecer en los tribunales, “aunque sólo por el momento”, aseguran en el PPdeG, ya que este partido está dispuesto a depositar la fianza cuanto antes para que se pueda continuar con el proceso iniciado y “llegar hasta el fondo” de este asunto.
Una vez resuelto este trámite, la jueza que instruye el caso, Carmen Vieiral, fijará una nueva fecha para la declaración de Porto, quien, el pasado 21 de julio, por medio de su representante, presentó el recurso contra la denuncia del PP en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión.
El auto emitido por este Juzgado el pasado día 4 constata la existencia de “indicios de criminalidad en los hechos investigados”, como “así resulta del auto de admisión a trámite de la querella”, y anuncia la suspensión de la declaración, que estaba prevista para el día 6, hasta que sean subsanados los defectos procesales.
El PP presentó una querella contra el socialista Félix Porto después de que en el dictamen de la comisión creada en el Parlamento para investigar el ‘caso agente electoral’ se eludiese exigir responsabiliddes políticas por las irregularidades detectadas al respecto.
La investigación de esta “trama”, como la califica el PP, comenzó tras destapar los ‘populares’ que María Isabel Blanco, una emigrante retornada residente en Vimianzo, había viajado a Argentina en un vuelo pagado con fondos de la Xunta para actuar como agente electoral de Félix Porto durante la precampaña y la campaña electoral de las últimas elecciones municipales celebradas en España.
La propia agente electoral declaró en la comisión parlamentaria que fue Félix Porto quien la envió a Argentina para conseguirle votos entre la colectividad gallega afincada en Buenos Aires.
Porto tuvo a María Isabel Blanco trabajando en Vimianzo en el sindicato ‘Unións Agrarias’ –del que él era máximo representante en la Costa da Morte– pese a que la mujer había sido contratada para desempeñar su labor en la asociación ‘Viticultores do Castro’, en Ourense, gracias a una subvención concedida por la Consellería de Traballo, que utilizó para ello fondos de este departamento y de la Unión Europea.
Una vez finalizada la comisión de investigación, el PP decidió llevar el caso a la Justicia y presentó una querella contra el alcalde de Muxía, que fue admitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión.
En un auto judicial del 11 de julio, este juzgado destaca que los hechos denunciados por los ‘populares’ pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y/o malversación de fondos públicos, lo que apunta a que hay indicios de criminalidad.
Ministerio Fiscal
Para el PPdeG llama la atención el celo observado en otras ocasiones por el Ministerio Fiscal y especialmente por la Xunta, que ahora parecen tener especial interés en desentenderse de este asunto, según denuncian. Y todo, eso, a pesar de que el propio Juzgado considera que son las administraciones las verdaderas “ofendidas” en este caso, ya que los hechos denunciados en la querella “afectan no sólo a bienes propiedad del Estado, sino también a la confianza del público en el manejo honesto de los fondos confiados al Estado, y en especial a sus Servicios Públicos”.
