Los partidos gallegos piden al Congreso que no demore la reforma del voto exterior

Los tres grupos parlamentarios gallegos –PSOE, BNG y PP– aprobaron el dictamen elaborado por la Comisión Institucional para presentar ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y le pidieron a la Cámara Baja que no “dilaten” la reforma del voto emigrante. Mientras tanto, el presidente Touriño anunció la voluntad del Gobierno de aprobar este jueves la reducción del plazo para contabilizar el voto emigrante, tal y como recomendó la Comisión de investigación del ‘caso del agente electoral’.

La Comisión Institucional aprobó, tras introducir dos modificaciones menores, el dictamen que insta al Congreso de los Diputados a reformar el voto emigrante. Antes de remitirlo a Madrid, este texto se debatirá y votará en el Pleno del Parlamento de Galicia el próximo lunes, día 14. Salvo sorpresas de última hora, la propuesta se aprobará con el apoyo de los tres grupos y desde ahí se enviará al Congreso de los Diputados en Madrid.
Según explicó el presidente de la Comisión Institucional, el socialista José Tomé, además de una corrección para “clarificar” el texto, el dictamen recogió una “sugerencia” de la Secretaría Xeral de Igualdade para anteponer el género femenino al masculino. El resto del texto no sufrió modificación alguna y fue apoyado unánimemente por los tres grupos, que resaltaron la “unidad” del Parlamento autonómico en este asunto.
El nacionalista Iago Tabarés apeló a la “voluntad” manifestada por las tres fuerzas gallegas en el Parlamento autonómico para exigir su “compromiso” también en las Cortes. En concreto, pidió al Gobierno central que la solicitud de informes “no preceptivos” a organismos como el Consejo de Estado no sirvan como “maniobras dilatorias” para hacer “más farragoso” y “dilatar” la reforma.
Tabarés recordó que la modificación legislativa es “pequeña y elemental” y subrayó el hecho de que esté respaldada por los tres grupos parlamentarios. Así, marcó como objetivo que las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán previsiblemente en marzo, puedan desarrollarse “con la más absoluta regularidad democrática” y, con esta finalidad, garantizó el compromiso de los nacionalistas para “presionar” al Estado.
El nacionalista Carlos Aymerich también se pronunció sobre el voto emigrante y, tras mostrar su respaldo a que los emigrantes puedan votar, aseguró que primero “hay que limpiar el sistema electoral español, sobre todo lo que se refiere al voto en urna”.
Por su parte, el socialista Xaquín Fernández Leiciaga se sumó a la “expectativa de optimismo” de sus socios nacionalistas y también pidió la “máxima rapidez posible” para que los emigrantes puedan votar en urna en los procesos electorales que tengan lugar en España, aunque no se refirió concretamente a las próximas gallegas.
A pesar de esto, el diputado socialista admitió “complicaciones técnicas” para abordar la modificación legislativa, aunque se mostró seguro de que “pueden resolverse con voluntad y compromiso suficiente”. En todo caso, aludió a la “unidad” de los tres grupos como “principal valor” para dar “fuerza” a la proposición legislativa en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, el diputado del PPdeG José Manuel Castelao Bragaña hizo suyas las palabras de los portavoces de PSdeG y BNG y exigió al Gobierno central que reciba la proposición “con la misma prontitud y el mismo sentimiento” que se tramitó en la Cámara autonómica.
Al igual que socialistas y nacionalistas, Castelao Bragaña consideró “extraordinario” que los tres partidos políticos lograsen la unanimidad en esta materia “tan sensible”. “Marca un antes y un después en la relación de los grupos en esta materia”, resumió, y añadió que “lo más importante no es lo que se está diciendo ahora, sino lo que se ha hecho”.
Además, celebró la “lección” que, a su entender, da el Parlamento gallego con la aprobación de esta proposición de ley para “dejar claro lo que nunca debió de estar oscuro”. Además, Castelao quiso dejar claro que la “responsabilidad” de las irregularidades existentes en el voto emigrante es de “quienes tenían que tomar decisiones” y no a los residentes en el exterior.