Lorenzana presenta una ley que garantiza que el aprovechamiento de los recursos naturales beneficie a los gallegos
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, presentó, el martes 25, en el Parlamento gallego el proyecto de Ley de Promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia que calificó como “única” en Europa y “exclusiva” por la riqueza natural diferenciada de Galicia.
“Esta ley nace con un espíritu transformador y con una idea muy clara: convertir la riqueza natural de Galicia en riqueza social”, subrayó Lorenzana en su intervención en la comisión parlamentaria. Esto se va a hacer, prosiguió, fomentando los beneficios sociales y económicos de los diferentes proyectos, que van a ser un compromiso adicional adquirido por los promotores para generar un impacto positivo en la comunidad autónoma y, especialmente, en las zonas ubicadas dentro de su ámbito de influencia.
La conselleira explicó que esta norma, “absolutamente garantista”, comprende los proyectos de producción de energía a partir de fuentes renovables; los que requieren de la concesión de aguas que la propia ley determina; y los derechos, concesiones mineras y proyectos de explotación mineros.
Así, avanzó que la valoración de los beneficios sociales y económicos de las iniciativas cuya autorización sea de competencia autonómica se integrará dentro de la evaluación de su impacto ambiental, que se hará de acuerdo con la legislación estatal y autonómica aplicable, si fuera preceptiva, para establecer las medidas que permitan prevenir, corregir y, de ser el caso, compensar sus efectos sobre lo ambiente.
Para eso, se establecerá un sistema de indicadores del impacto socioeconómico en el territorio, así como instrumentos financieros para apoyar los proyectos. Y aún en el caso de no ser preceptiva la evaluación de impacto ambiental, se exigirá al promotor un estudio de impacto social y económico del proyecto y su evaluación en el procedimiento de autorización.
Lorenzana explicó que se tendrá en cuenta la promoción de nuevas inversiones y, en particular, de mecanismos de reinversión de los beneficios obtenidos. El fomento de la creación y el mantenimiento de empleo directo e indirecto, así como la creación de empleo calificado en el área de implantación y el fomento del empleo femenino. También la participación en los proyectos de inversores locales y de empresas y administraciones de la zona en la que se situará la instalación. La reducción de costes de la energía y la reducción de la dependencia energética de las personas consumidoras locales e industrias de las zonas. Y la colaboración y el desarrollo de grupos de investigación vinculados a mejoras en aprovechamientos energéticos, mineros, forestales o industriales vinculados a las universidades y a los centros de investigación y desarrollo de Galicia.
Abaratamiento de la factura eléctrica y canon a la eólica marina
Entre los instrumentos que incorpora la ley, mencionó el hecho de que la Administración participe en los proyectos a través, por ejemplo, de la Sociedad Recursos de Galicia (RDG), ya en funcionamiento, que va a ver multiplicadas sus posibilidades con esta nueva norma. “Es una solución para los hogares y las industrias y un potencial aliado para los agentes que operan en el sector de los recursos naturales”, apuntó. Y, al hilo subrayó que la norma permitirá también abaratar la factura eléctrica a las familias y a las empresas, así como avanzar en la autonomía energética de la comunidad gallega.
También destacó que el texto incluye una regulación específica para facilitar el autoconsumo en las áreas empresariales, que permita la instalación de infraestructuras en las parcelas lucrativas y dotacionales y sobre las edificaciones, además de establecer una interpretación de las ordenanzas de los parques empresariales en materia de alturas máximas, retrocesos, edificabilidad y otras similares de manera que favorezcan la implantación de infraestructuras energéticas eficientes.
Otro de los puntos fuertes es que regula un mercado voluntario de créditos de carbono para “monetizar” la captación de carbono de determinadas actividades, que contribuirá a la protección del medio natural y que fomentará aquellos proyectos y actividades que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero o absorber carbono de la atmósfera al ser susceptibles de obtener una contraprestación económica.
Además, establece un canon a la eólica marina para compensar las aficiones ambientales y socioeconómicas sobre el territorio de los desarrollos de instalaciones de aerogeneración ‘off-shore’. Y también un fondo con aportaciones públicas y privadas destinado a financiar actuaciones de recuperación de las zonas afectadas por incendios de incidente singular.