Nuevas diferencias entre PSOE e IU por la tramitación de Ley de Asturianía
La tramitación de la Ley de Asturianía en la Junta General del Principado continúa, y ya ha provocado un nuevo encontronazo entre los socios de gobierno de la anterior legislatura, PSOE e Izquierda Unida. La causa esta vez ha sido la solicitud de comparecencias por parte de la coalición, en total 80 personas, 36 de ellas procedentes de distintos países de tres continentes, algo que desde el PSOE se considera “desproporcionado”.
La tramitación de la Ley de Asturianía en la Junta General del Principado continúa, y ha provocado un nuevo encontronazo entre los socios de gobierno de la anterior legislatura, PSOE e Izquierda Unida (IU). La causa esta vez ha sido la solicitud de comparecencias por parte de la coalición, que pide que acudan al Parlamento para presentar su propuestas sobre la materia y sus aportaciones al proyecto de Ley representantes de la emigración asturiana en todo el mundo, desde los presidentes de todos los centros asturianos hasta representantes de asociaciones, tanto las diferentes de asturianos que existen, como las de emigrantes retornados en Asturias. En total serían 80 personas, 36 de ellas procedentes de distintos países de tres continentes: América, Asia y Oceanía.
El número de comparecencias
Desde el PSOE se cuestiona tal número de comparecencias por el coste que supondría para el Parlamento el financiar los desplazamientos, la estancia en Asturias y las dietas de esas personas. Los socialistas han solicitado un informe económico a la Cámara para conocer a cuánto ascendería el coste de las comparecencias que solicita la coalición, mientras que limitan su propuesta a que sean tres representantes de Asturias, el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) y los de una decena de centros los que comparezcan en la Junta General. “Llamamos a centros de España, de Europa y de América, pero no los vamos a llamar a todos, porque estamos en una situación de prórroga presupuestaria que afecta también al presupuesto de la Junta General”. La diputada del Grupo Socialista Adriana Lastra considera una “desproporción” esa petición de IU y la achaca a la “mala conciencia” de Francisco Javier García Valledor, ex consejero de Justicia en el gobierno de coalición PSOE-IU y ex responsable de los temas de emigración. Esa mala conciencia, según Lastra, derivaría de que Valledor no contó con los representantes de la emigración a la hora de elaborar la ley. Los reparos del Grupo Socialista son vistos por Valledor como un nuevo intento de bloqueo. Considera “casi un insulto” a los emigrantes la postura del PSOE. Dice que una ley como ésta “se tramita cada 25 años”, que es de cuando data la actual, y añade que en ella “hay que dar voz a los representantes de los emigrantes asturianos”.
