Socialistas y nacionalistas aprueban reducir el plazo para el recuento del voto emigrante a tres días

El PSOE y el BNG decidieron ayer iniciar los trámites para reducir a tres días el plazo del recuento del voto emigrante y así aportar más transparencia a un proceso que en los últimos comicios autonómicos fue muy cuestionado. El PP, por su parte, no considera que esta medida suponga una mayor transparencia sino que es un intento por “invalidar” el voto de la diáspora.
Este cambio en los plazos del recuento del voto emigrante es una de las recomendaciones que recoge el dictamen de la comisión de investigación sobre la supuesta agente electoral que fue aprobado a pesar del voto en contra del PP y en el que no se incluye la petición de responsabilidades políticas.
El portavoz nacionalista en el Parlamento, Carlos Aymerich, se preguntó “qué problema tiene el PP en que el escrutinio se produzca el mismo día que el escrutinio en Galicia” y ve un intento por parte de los ‘populares’ de “tener una bala en la recámara por si vuelven [al Gobierno]”.
Para Aymerich, ampliar el tiempo para poder hacer el recuento “es ampliar las posibilidades de fraude” y recuerda que todas las fuerzas políticas han reconocido que en la emigración “pueden votar los muertos, suplantar el voto y comprar sacas de votos”.
La lectura del PP es totalmente distinta, ya que considera que este cambio busca restringir el voto de la diáspora. “Reduciendo el plazo pretenden que cuantos menos sufragios sean válidos, mejor”, aseguró el portavoz del Grupo Popular en la comisión, Antonio Rodríguez Miranda. “Si quieren que los emigrantes no voten díganlo sin subterfugios”, instó Rodríguez Miranda quien recordó que la ampliación del tiempo se hizo hace cuatro años con apoyo del PSOE y estaba encaminada a que miles de votos del exterior no acabaran en la papelera por llegar fuera de tiempo. Según explicó, la ampliación fue necesaria porque en algunos países extranjeros el correo “funciona como funciona”.
El socialista Xaquín Fernández Leiceaga reconoció que “la situación planteada en las últimas elecciones no es buena” y por eso reivindicó la necesidad de reducir el tiempo para recontar el voto emigrante. De esta manera, los socialistas cambian su postura respecto hace cuatro años cuando apoyaron al PP para ampliar en cinco días el tiempo para contar el voto del exterior.


Voto en urna
La posibilidad de instaurar el voto en urna para las próximas elecciones autonómicas fue otro de los puntos que enfrentó a los partidos, sobre todo PP y BNG. Las tres formaciones políticas han reconocido en los últimos días que la proposición de ley aprobada en el Parlamento para intentar instaurar el voto en urna en el exterior no se aprobará en el Congreso antes de las próximas elecciones autonómicas previstas para marzo de 2009 y por eso el portavoz del BNG reclamó al PP que presente una iniciativa en la Cámara Baja para agilizar el proceso. “¿Pero sabe qué sucede? Que no le dan permiso”, aseguró Aymerich, a lo que Rodríguez Miranda replicó que le hiciera la misma petición al PSOE.
El portavoz ‘popular’ no concretó si van a presentar una proposición de ley en las Cortes  y aseguró que “si el BNG no consigue convencer a su socio, su socio va a ser el responsable de vetar la reforma antes de las autonómicas”.
El BNG pidió que los puntos del dictamen referentes a la reforma de la legislación electoral gallega y nacional se votasen de forma separada al resto y, en consecuencia, el PP contraatacó solicitando que todas sus recomendaciones sobre el caso de la agente electoral se votasen también por separado.
Los populares votaron en contra de los dos apartados del dictamen de los socios de la Xunta y, respecto al de que los emigrantes puedan votar en urna antes de las gallegas, justificaron su voto negativo al alegar que PSOE y BNG rechazaron previamente la recomendación del PP de que fuese la Xunta, en lugar del Parlamento gallego como proponían socialistas y nacionalistas, la que promoviese la reforma ante el Gobierno central.
Al margen de estos puntos, los tres grupos políticos se mantuvieron en sus respectivas posturas sobre la supuesta agente electoral del PSOE, de modo que los socios del Gobierno votaron en contra de todas las recomendaciones del PP. Así, aprobaron, sin el apoyo de la oposición, el dictamen, que no exige responsabilidades a ningún miembro del Gobierno por este caso.
Pese a que el PSOE y el BNG votaron lo mismo, la perspectiva de ambos es diferente. Los primeros considera que la investigación parlamentaria se hizo sobre un caso concreto y determinado y que el PP “no fue capaz de aportar ningún otro”, aseguró Leiceaga. Aymerich, por su parte, consideró que el caso “dista de ser una anécdota” y reconoció “claras irregularidades” también en la concesión por la que se contrató a Blanco, por lo que defendió el reintegro “total o parcial” de la ayuda y la apertura de un expediente sancionador “si es el caso”. “Claro que hubo irregularidades; y claro que el Gobierno debe actuar en consecuencia”, concluyó el portavoz nacionalista.