El PPdeG, dispuesto a acudir a la Justicia para demostrar que hubo “fraude de ley”

El dictamen aprobado por socialistas y nacionalistas fue rechazado por el PPdeG que adelantó que presentará a la comisión un texto alternativo en el que se detallarán aquellos aspectos que, a su entender, deberían figurar en el mismo. Los ‘populares’ quieren llegar hasta el fondo de este asunto y no descartan exigir que se depuren responsabilidades, por lo que se muestran dispuestos a acudir a los tribunales en el caso de que los socialistas, con el apoyo del BNG, pretendan cerrar la comisión “con unas recomendaciones que no tienen nada que ver con el objeto de la investigación”, dijo el portavoz Rodríguez Miranda.

El PP se muestra defraudado por el dictamen aprobado por socialistas y nacionalistas para zanjar el ‘caso de la agente electoral’ –“Me esperaba algo, pero el dictamen en las condiciones en que está no me lo esperaba”, dijo Miranda–, y está dispuesto a acudir a los tribunales para demostrar que en la concesión de un billete de avión a Argentina a una militante del PSdeG, que reconoció haber actuado como agente electoral para los socialistas gallegos, se cometió “fraude de ley”. Y la primera medida ha sido preparar un dictamen alternativo al aprobado por los partidos en el Gobierno con el objeto de demostrar que se han utilizado fondos públicos para pagar el billete de avión a Argentina “a una persona que no reunía los requisitos” y que esto se hizo sin “controlar las condiciones” por las cuales se les concedía dicho pasaje.
Rodríguez Miranda y Manuel Ruiz –portavoz parlamentario del PP– avanzaron lo que serán los ejes del dictamen que presentarán a la comisión, que recogerá la necesidad de que se trasladen los hechos al Juzgado, para que el juez determine si se cometió algún delito por parte de la Administración autonómica que pudiera involucrar a la diputada socialista Marisol Soneira y al actual alcalde de Muxía, Félix Porto.
Para los ‘populares’ en este caso hay “grave indicios de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y puede que tráfico de influencias” por lo que la Justicia debe estudiar el caso. Para eso, pide que se envíen al Juzgado todas las pruebas, los documentos y testimonios de que dispone la comisión, así como aquellos que PSOE y BNG se niegan a estudiar.
También están dispuestos a dejar constancia de que la presunta agente electoral realizó el viaje mientras estaba contratada por la asociación ourensana ‘Viticultores do Castro’ gracias a una subvención de la Consellería de Traballo, pero que ejercía sus funciones en el sindicato Unións Agrarias’ en Vimianzo, a las órdenes de Félix Porto, candidato a la alcaldía de Muxía en este tiempo, y para quien Blanco confesó haber actuado como agente electoral.
“Queremos dejar constancia de que todo lo que hemos dicho, lo hemos demostrado” y de que “las denuncias del PP se confirmaron todas”, dijo Miranda, quien recordó que su partido pidió que declararan otros testigos, entre ellos, los que podrían dar fe de la actividad desarrollada por María Isabel Blanco durante el viaje a Argentina. Pero “si nos quitan los testigos, no podemos demostrarlo”, sentenció.
Sin embargo, el “núcleo” de la cuestión se centra ahora para los ‘populares’ en descifrar si el conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG-PSOE, Ricardo Varela, utilizó otras subvenciones de su departamento, procedentes de fondos de la Unión Europea, de un modo partidista. Y si no, “¿por qué no se nos permite ver el resto de expedientes a favor de organismos como éste?, ¿por qué no se nos permiten ver otras ayudas a ‘Viticultores’?”, preguntó Miranda.
El desarrollo de la comisión dio pie a éstas y otras especulaciones, ya que los ‘populares’ percibieron que éste “no es el único caso, que hay más, y que todos están centrados en Traballo”. “Pero no quieren aceptarlo”, dijo Miranda, para quien, la concesión del billete a Blanco “es irregular, pero lo más importante” es que Traballo “ha contratado a una persona de forma ilícita”.
“Hicimos peticiones de más comparecencias y de más documentación. Pedíamos documentación a Traballo que creíamos necesaria”, pero “esto no se permitió y el dictamen dejó claro que no había lugar a más”.
El PP, que no descarta llevar al caso a los tribunales si no se depuran responsabilidades, lamenta que socialistas y nacionalistas hayan cerrado toda posibilidad a que comparezcan más personas que pudieran aportar pruebas sobre la función desempeñada por Blanco durante el viaje a Argentina, y pide la dimisión del conselleiro Méndez Romeu, porque, según Miranda, cerró la investigación interna “sin desmentir que Blanco accedió al viaje sin reunir los requisitos”; la del alcalde de Muxía, “principal beneficiario de esta historia”; la de la diputada Marisol Soneira, quien “participó y actuó de intermediaria” en la solicitud del billete; y la del conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, en quien recae “el centro de la culpa”, dijo, porque “su Consellería permitió la cesión ilegal de trabajadores” y un “uso fraudulento de la subvención” que se concedió a ‘Viticultores do Castro’ con fondos de la Unión Europea. Además, también piden su dimisión porque “está documentada la vinculación” de los representantes de ‘Viticultores do Castro’ con el PSdeG-PSOE.
Respecto al secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, “tiene responsabilidad”, pero “es el que menos”, porque es cierto que su departamento concedió el billete de avión, pero “a él le han engañado y va a ser él el que va a pagar”.
Miranda también criticó que el conselleiro de Traballo se demorara tanto en abrir un procedimiento informativo sobre ‘el caso de la agente electoral’, porque “tenía que haberse investigado antes”.
El portavoz ‘popular’ aseguró que lo que va a recoger su partido en el dictamen “coincide con lo que dice el BNG, pero no con lo que hace”, por lo que reprochó a los nacionalista su postura en este asunto. El BNG “da por válidos ciertos hechos, pero luego dice otra cosa”. “Al BNG no se le va a entender” en todo este asunto, que sólo “es la punta del iceberg” de todo lo que está pasando, dijo Miranda, quien sentenció que el “gran pacto” entre PSdeG y BNG sobre este caso “es que [en el dictamen] no aparezca la Consellería de Traballo ni Varela”.


Incongruencias
Rodríguez Miranda criticó duramente lo expuesto por PSOE y BNG en el dictamen que “convierte en hechos testimonios de una persona”, como es el caso de Porto, “pero ni siquiera recoge los de otras, como María Isabel Blanco”. Tampoco menciona “a Varela en ningún párrafo del mismo, y da por buenas afirmaciones como que la agente electoral estuvo de vacaciones 53 días y no 100 como dice ella”.
Además, “asumen que hay un acuerdo entre ‘Unións Agrarias’ y ‘Viticultores do Castro’ a pesar de que nadie aportó ese documento incluso pidiéndolo nosotros, y se olvidan de que la agente habló de dinero negro entregado por Porto, de sus colaboradores, de su labor en Argentina, de que trabajó desde el Grupo Socialista en el Parlamento”.