FORENSES ARGENTINOS SE DESPLAZARáN A ESPAñA

El número de gallegos desaparecidos en Argentina podría ascender a 2.000

La presidenta de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos de Argentina, Nilda Eloi, fue recibida, la semana pasada, en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de A Coruña.
El número de gallegos desaparecidos en Argentina podría ascender a 2.000
La presidenta de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos de Argentina, Nilda Eloi, fue recibida, la semana pasada, en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de A Coruña, donde el primer teniente de alcalde, Henrique Tello, le ofreció ayuda “moral, política y económica” con el fin de esclarecer el número de víctimas del genocidio durante la dictadura.
De esta forma, Tello manifestó la proximidad de los coruñeses con estos acontecimientos, puesto que existen muchos casos familiares o personales de gente que siente muy de cerca estas detenciones y desapariciones en Argentina.
Además,  Nilda aprovechó esta visita para anunciar que en los próximos días llegará a España el Equipo Argentino de Antropologá Forense para reconocer restos de 300 casos que no están plenamente confirmados y que podrían tener familiares gallegos, por lo que buscarán muestras de sangre para reconocer a sus familiares. Según la presidenta de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos de Argentina podría haber 2.000 gallegos en paradero desconocido.
Por este motivo, Nilda Eloi lleva dos meses en tierras gallegas pidiendo ayuda para “seguir adelante con los juicios que permitan continuar reclamando el derecho a reclamar justicia, algo tan necesario como el derecho a comer o a tener trabajo”. Además, quiso dejar claro que no es una petición personal porque cuando hay un desaparecido “nos falta a todos no sólo a su familia”.
Eloi criticó la labor del Gobierno de Argentina que en cuatro años logró anular las leyes pero no impulsar las causas, ya que por el momento sólo han sido condenados tres represores. Según Nilda, “existe una falta de acción de la Físcalía, que es el Estado, e incluso los propios jueces le reclaman al Gobierno que actúe”.
Sin embargo, en España los organismos y las asociaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las víctimas del genocidio valoran favorablemente la labor de la justicia, ya que fue el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Carlos Castresana, quien interpuso ante la Audiencia Nacional una denuncia por genocidio y terrorismo contra los represores argentinos y se presentaron a declarar supervivientes de los campos de concentración, familiares de las víctimas, madres y abuelas de la Plaza de Mayo.
Gracias a estas acciones represores del régimen como Navio Adolfo Scilingo fueron condenados a prisión incondicional, y otros como Ricardo Cavalo están pendientes de juicio.