El PP pide medidas a la Junta Electoral para identificar a los votantes del exterior

El Partido Popular (PP) presentó el pasado martes un escrito solicitando a la Junta Electoral Central (JEC) “que adopte cuantas medidas considere necesarias para que en el voto de los residentes españoles en el exterior se garantice mínimamente la identificación del votante a la hora de emitir su voto por correo, entre ellas, que se exija como requisito imprescindible para la validez del voto la inclusión de una fotocopia del DNI o del pasaporte”. El escrito, presentado ante la inminencia de los comicios en Galicia, fue dado a conocer por el coordinador de los diputados gallegos en el Congreso, Celso Delgado.

En él, el PP también pide que la JEC “adopte cuantas otras medidas estime oportunas para la efectividad del voto remitido en tiempo y forma”, es decir, para evitar, como ha ocurrido en convocatorias electorales anteriores, que el voto de los emigrantes no llegue a tiempo.
A fecha 1 de diciembre de 2008, último dato conocido, el número de residentes en el exterior inscritos en el CERA en toda España asciende a 1.237.893 personas, de las que 334.134, es decir, el 27% del censo, son gallegos. Por provincias, estos gallegos se reparten de la siguiente forma: 117.421 residentes ausentes inscritos en el CERA en A Coruña, 43.882 en Lugo, 74.202 en Ourense y 98.629 en Pontevedra.
Los ‘populares’ entienden que la JEC debe actuar ante la falta de garantías en el procedimiento de votación de los emigrantes, que puede dar lugar a la suplantación de los votantes e incidir en el resultado electoral final, sobre todo en la asignación de los últimos escaños en cada circunscripción. Celso Delgado apuntó que, dadas las últimas experiencias, “no hay garantías de que se tramiten todos los votos a tiempo y, por tanto, su contabilización en el escrutinio general también se ve cuestionada”.
La relevancia del voto de los españoles residentes en el exterior es hoy más importante que nunca. En los tres últimos años el CERA de Galicia se ha incrementado en cerca de un 10%, mientras que el Censo interior sólo lo ha hecho en un 0,1%, es decir, 100 veces menos”.
En 27 ayuntamientos gallegos el voto emigrante ya supera más de un tercio del censo electoral y hay municipios como Bande y Avión, de Ourense, en los que hay más votantes que residen en el extranjero que dentro de los pueblos.
El PP estuvo el año 2008 pidiendo medidas que posibiliten el voto transparente de la emigración y su candidato Alberto Núñez Feijóo ya ha cuestionado qué ocurrirá si los votos de la emigración cambian el resultado de la votación en el interior.
Celso Delgado recuerda que el PP ha intentado que el proceso electoral en el exterior se celebre con las mismas garantías que en España y ha denunciado lo que entiende que son constantes boicoteos del PSOE a cualquier iniciativa tendente a garantizar las mínimas condiciones democráticas del voto de los residentes ausentes.
Los populares han impulsado en el Congreso la aprobación de una Proposición de Ley idéntica a la aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, el 14 de julio del 2008, para reformar la Loreg y pedir el voto de los emigrantes en urna y han pedido también que, en tanto no se aprobase esa reforma, “que el PSOE obstaculiza sistemáticamente”, se procediese, con la máxima urgencia, a la modificación del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de Regulación Complementaria de los Procesos Electorales, introduciendo entre los requisitos inexcusables para la validez del voto de los residentes en el exterior, la inclusión de una fotocopia del DNI o del pasaporte entre la documentación a remitir en el sobre dirigido al presidente de la Junta Electoral Provincial. Dicen haber chocado siempre “con la oposición del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la complacencia del presidente gallego, Emilio Pérez Touriño”.
Para los populares, “es exclusivamente un tema de voluntad política querer que las elecciones futuras se celebren con garantías democráticas en el exterior”, por lo que instan a la Junta Electoral Central a adoptar todas las medidas necesarias para “una mínima identificación de los votantes del exterior y para asegurar la efectividad de los votos emitidos garantizando que lleguen a tiempo al escrutinio. En definitiva, que haga todo lo posible para que el procedimiento electoral en el exterior tenga las condiciones democráticas de un proceso del siglo XXI”.