Miranda rebate algunos puntos de la iniciativa de Derechos Civiles para mejorar y aumentar la participación de los residentes en el exterior en las elecciones
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, intervino en la tarde de ayer, miércoles, en el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior para discrepar sobre algunos de los puntos de la propuesta de la Comisión de Derechos Civiles que habla de mejorar y aumentar la participación de los residentes en el exterior en las elecciones en España.
Pese a estar de acuerdo con el título de la propuesta, el responsable de Emigración del Gobierno gallego discrepa respecto al punto que habla de suprimir la fotocopia del DNI y la firma a la hora de ejercer el derecho al sufragio desde el exterior, por considerar que ese requisito “acredita” que se está ante un “acto personalísimo y que la voluntad del elector no está siendo sustituida por la de otra persona”. Cree, por tanto, que eliminar tales requisitos supondría acabar con “una garantía” para asegurar la legitimidad del sufragio. Salvo, añadió, que se adopte “otro mecanismo alternativo” que lo refrende. Porque, “cómo discriminar” y considerar válido el voto de aquel que no ha incluido estos documentos en el sobre “porque no lo sabe, de aquel que vota por otra persona”, se preguntó.
En este caso, la propuesta, aseguró, no podrá ser respaldada con su voto, lo mismo que la que contempla realizar un solo envío de documentación en el caso de las Autonomías cuando no hay impugnación de candidaturas. Este punto lo rebatió asegurando que el primer envío, con los sobres y la documentación general imprescindible, si se hace al día siguiente de la convocatoria, permitiría ganar 10 o 15 días a lo largo del proceso, que serían necesarios para que “lleguen” los documentos “a la mayoría de destinatarios”. El segundo envío, con las papeletas, aclaró que si no llegaran a tiempo por correo, se podrían obtener descargándolas de manera digital, por lo que no constituiría un problema. Sobre la propuesta, descartó pues que pueda ser asumida por el Estado ni por las comunidades autónomas, salvo, igualmente, que se adopte “otro mecanismo” que sirva “para acortar estos tiempos”.
Otro de los puntos que recoge esta propuesta, para que en los países donde no existe correo o que este sea insuficiente se negocie con operadores privados para el envío interno y garantizar la llegada de la documentación a los electores, Miranda aclaró que entiende y comparte “el espíritu de lo que se propone en este apartado”, que no es otro que “agilizar los trámites internos dentro de los países”, pero recuerda que fue el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el que aseguró que cualquier otro proceso “no daba garantías” suficientes a este respecto.
Consideró, no obstante, discutible el apartado que propone ganar un día o dos en los plazos de recepción de los envíos, mientras que mostró también disconformidad con el que recoge la posibilidad de delegar el voto en los consulados honorarios y poder hacerlo por voluntad. Al respecto, el secretario xeral de Emigración de la Xunta considera que “la fe pública en el exterior está en manos de los funcionarios consulares” y que delegarla a una persona que no es funcionario ni tiene certificado de fe pública sería “arriesgado”.
El representante de la Xunta en el Pleno del Consejo aclaró una vez más que estaría dispuesto a apoyar la propuesta de mejorar y aumentar la participación de los residentes en el exterior en las elecciones cuando es planteada de modo global, pero no de manera parcial, ya que, “pese a la buena voluntad” que existe por parte de los integrantes de la comisión a la hora de elaborar el documento, los planteamientos recogidos en el mismo “pueden interferir con las garantías de que se ha pretendido dotar” al voto del exterior con la reforma de la Loreg, de manera que “nunca más volviese a quedar en entredicho”.
