La Junta Electoral Central desestima el recurso de Junts+ para validar votos del exterior llegados fuera de plazo en Barcelona
La coalición independentista basa su recurso en el elevado número de papeletas del CERA que quedó sin escrutar en esos comicios, ya que, según sostiene, representan un 11,05% de los sufragios del voto exterior en la circunscripción de Barcelona.
Por su parte, la Junta Electoral Central corrige el dato ofrecido por la coalición y señala que serían 1.379 electores a los que afecta la resolución, lo que supone el 8,29% del número de votantes, y no el 11,05% como apuntan los independentistas.
El escrito que la coalición eleva a la JEC se limita a señalar que, no haber computado el voto de esos electores “supone una vulneración del derecho de participación política del que son titulares los afectados por esa decisión”. La consideración “carece de fundamento”, según la JEC, porque las previsiones de la Loreg “deben ser cumplidas en cuanto constituyen garantía del correcto desarrollo de la elección, de modo que culmine con la proclamación de los candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo electoral”. Asimismo, le reprocha el no haber “justificado mínimamente la supuesta ilegalidad en la actuación de la administración electoral al no computar esos votos, afirmando sin ninguna otra justificación, que al ser un número elevado debían haberse computado”.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona ya había rechazado el pasado 19 de mayo el recurso presentado por Junts+ para que se repitieran los comicios por esa circunscripción en el caso de que se hubiesen destruido los votos que llegaron fuera de plazo. La Junta Provincial, según la JEC, aseguró que los votos no se han destruido, sino que se encuentran custodiados por los Mossos d´Escuadra en el lugar en el que se realizó el escrutinio, de ahí que en el recurso elevado a la JEC se hablara solo de la necesidad de que fueran escrutados.
Ateniéndose a lo recogido en el artículo 75 de la Loreg, en su reunión del 27 de mayo, la Junta Electoral Central también acordó desestimar el recurso planteado por Junts+ por entender que sus demandas no se ajustan a los plazos establecidos para el envío y llegada de votos procedentes del exterior, que no “serán válidos” cuando “lleguen después del segundo día anterior al de la elección”, recoge la ley. “Este plazo –prosigue el texto– tendrá el carácter de improrrogable con la finalidad de garantizar que los votos lleguen a tiempo de ser escrutados por las Juntas Electorales”.
Por otra parte, defiende que “la Junta Electoral Provincial, en presencia de los representantes de las formaciones electorales concurrentes al escrutinio, incluida la de la coalición recurrente, excluyera los sobres con los votos que no cumplían los requisitos legales”. “Ni entonces la Junta Electoral de Barcelona ni ahora la Junta Electoral Central, puede enervar estas previsiones legales”, puntualiza el organismo, que justifica así que el recurso deba ser desestimado.
Reclamación de la Generalitat al Gobierno
El pasado 10 de mayo, la consejera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret i Alleu, ya envió una carta a los ministros españoles de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar casos de catalanes residentes en el extranjero que no habían podido ejercer su derecho al voto. Serret ponía de manifiesto que, pese a la supresión del voto rogado, esto fue insuficiente para asegurar el derecho a voto a los 290.000 catalanes que estaban llamados a las urnas desde el extranjero. Días después, concretamente el 21 de mayo, Serret envió una segunda carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para exigirle una auditoría que identifique por qué se han descartado miles de votos de ciudadanos residentes en el exterior que votaron en las elecciones del Parlament de Catalunya del pasado 12 de mayo. Concretamente, se han perdido más de 3.300 votos, “una cifra similar a la de las elecciones generales celebradas en 2023, en las que se descartaron 3.500”, recordó la consellera, quien precisó también que se trata de una “situación recurrente”.
