El Instituto Cervantes de París deberá pagar al PNV por el alquiler del palacete hasta diciembre de 2030

Situado en la avenida Marceu de la capital parisina –cerca de los campos Elíseos– y valorado hoy en día en 17 millones de euros, el edificio fue comprado por personas vinculadas a la formación ‘jeltzale’ con dinero enviado en 1936 por un empresario afiliado al partido y afincado en México, según investigaciones llevadas a cabo, entre otros, por historiadores de las universidades del País Vasco y de París.

La vinculación del palacete de París al PNV se remonta a septiembre del año 1936 – dos meses después del comienzo de la Guerra Civil española–, cuando un grupo de políticos del partido participaron en la compra del inmueble.

Constituido en octubre de ese mismo año el primer Gobierno vasco –bajo la presidencia de José Antonio Agirre–, el avance hacia Euskadi de las tropas franquistas le obliga en 1937 a trasladar su sede a París, donde quedó establecida hasta 1940, así como a abrir “delegaciones en diferentes ciudades europeas y también americanas”, recuerda a RTVE.es Leyre Arrieta, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto. La toma de la ‘ciudad de la luz’ por los nazis ese año conminó al exilio a los mandatarios vascos y la Gestapo –policía secreta del Tercer Reich– concedió el inmueble al Gobierno franquista.

En medio de la disputa desatada en aquellos años por la titularidad, una sentencia del Tribunal del Sena en 1943 consideraba que, aunque figuraba a nombre de una empresa, quien estaba detrás de la compra del edificio era el Gobierno vasco y, en consecuencia, debía ser entregado al Gobierno franquista, puesto que la institución que lo había comprado ya había desaparecido con el derrocamiento de la República.

Liberada la capital gala de las tropas de Hitler, en 1944, los mandatarios vascos vuelven a ocupar el palacete, que es reclamado una vez más por el franquismo. En 1951, el Gobierno galo, amparándose en la sentencia del 1943, resuelve –con Mitterrand como ministro responsable último de esa decisión– que la propiedad correspondía al Estado español.

65.000 dólares depositados en el Banco Bilbao de París

El dinero para la compra del edificio procedía de unos “65.000 dólares depositados en una cuenta en el Banco Bilbao de París a nombre de ‘Basque National Party’, que serían gestionados por el empresario y simpatizante del PNV Marino de Gamboa, quien habría actuado a modo de testaferro de la operación”, aseguró en declaraciones al mismo medio el doctor en Historia de la Universidad del País Vasco Óscar Álvarez Gila.

El donante respondía al nombre de Francisco Belausteguigoitia, afiliado al PNV y residente en México, que, posteriormente, fue delegado del Gobierno vasco. La operación tuvo lugar el 12 de septiembre de 1936 –un mes antes de que se constituyera el Gobierno vasco– y en ella participaron diversos políticos del momento, entre los que figura Eliodoro de la Torre, tesorero del partido, que fue quien recibió la transferencia. Agustín Albero, su sucesor, y Luis Ortuzar crearon la Sociedad Finances et Enterprises, y en colaboración con el testaferro en 1939 realizaron la venta simulada del edificio a la mencionada sociedad. La mayor parte de las acciones son del tesorero y no del Gobierno vasco, sostienen los estudiosos, pero lo que parece claro, según Mikel Aizpuru, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, es que “ese edificio se compra con el dinero de nacionalistas vascos”, declaró al periódico ‘La Vanguardia’. No obstante, Aizpuru reconoce que el entramado “fue complejo” y que en la compra tuvieron responsabilidad personas que formaron parte de la Junta de Defensa de Bizkaia y del Gobierno vasco, por lo que, “en algunos momentos del proceso es difícil saber si operan en nombre del partido o a nivel institucional”. “En aquel momento, y en aquellas circunstancias, la línea que separaba a ambas instituciones era muy fina”, remarcó.

A partir de la transición, el PNV reclama la propiedad al Gobierno español en varias ocasiones, que le es denegada por el Tribunal Supremo en 2003 –con José María Aznar al frente del Ejecutivo– al considerar que, en su momento, lo incautado no fue el inmueble, sino sus bienes, que pasaron a ser parte del Patrimonio español. La demanda elevada a los gobiernos posteriores tampoco obtuvo frutos y es ahora, con el PSOE en el poder y con Sánchez dependiendo de los nacionalistas vascos –entre otros partidos minoritarios–, que se satisface el anhelo de los dirigentes del PNV en relación con un inmueble que, consideran, les pertenece.

Traspaso de la titularidad

El traspaso de la propiedad contó con el rechazo en primera instancia de la Cámara de los Diputados porque el Ejecutivo incluyó esta decisión dentro de un amplio decreto ley sobre medidas sociales –‘decreto ómnibus’–, que fue desaprobado por el PP, Vox y Junts, en el caso de los liderados por Nuñez Feijóo, también por el palacete. Los conservadores se enzarzaron con el PNV’, considerándolo propiedad del Gobierno vasco y amparándose en lo estipulado el siglo pasado por la Justicia y el Gobierno galos y por lo acordado por el Supremo en 2003, mientras que los dirigentes del partido' jeltzale' basaron la atribución en la fecha del envío de la transferencia –el 12 de septiembre– cuando el Gobierno vasco de la II República, recuerdan, todavía no se había constituido.

El sentido del voto de los independentistas catalanes estuvo motivado más que por esta cuestión, que respaldan, por el descontento que reina en sus filas con el presidente Sánchez, que se resiste a hacerles concesiones en la línea acordada para apoyar su investidura y le exigen que los tenga en cuenta a la hora de promover medidas de gobierno.

Días después, el Ejecutivo se vio obligado a sentarse con los políticos de Junts para negociar un nuevo ‘decreto ómnibus’ –que será sometido también al criterio de los diputados–, en el que se mantienen medidas sociales como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte público o las ayudas relativas a la dana y se incorporan otras nuevas, que son exigencia de Junts, como la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. También se mantiene la cesión al PNV del palacete de París, por el que el organismo gubernamental deberá pagar al partido un alquiler desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2030.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 29 de enero –un día después de la reunión entre el Gobierno y Junts– ya recoge que “la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, en atención a la vinculación histórica del edificio con este Partido, constituyendo esta misma disposición el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos”.

El PP también se vio obligado a doblegarse al guion que marcan el Gobierno y los independentistas catalanes y votar a favor del nuevo ‘decreto ómnibus’ en su intento por demostrar que son favorables al incremento de las pensiones, así como a la concesión de ayudas a los perjudicados por la dana de Valencia o a los usuarios del transporte público.

No así Vox, que tras conocer lo publicado en el BOE, amenaza con llevar a los tribunales la "usurpación ilegal" del inmueble que considera "bien del Estado". La postura reivindicativa de los radicales de derecha ha llegado al líder de Vox, Santiago Abascal, a remitir cartas al PNV, a la vicepresidenta María Jesús Montero al director general de Patrimonio y al Intsituto Cervantes solicitando la puesta en marcha de las "acciones precisas" para que la propiedad del inmueble parisino vuelva al Estado.