Los españoles en el extranjero se quejan de la falta de personal en los consulados, según el Defensor del Pueblo

Las oficinas consulares españolas han experimentado un incremento en su actividad debido, sobre todo, al impacto que supuso para determinados consulados la tramitación de solicitudes de nacionalidad. También a la inscripción mayoritaria de españoles en los registros de matrícula consular, al incremento del número de pasaportes expedidos y al aumento de instrumentos públicos notariales autorizados por las oficinas consulares, según recoge la Oficina del Defensor del Pueblo en su informe de 2015, que fue presentado en el Congreso por la defensora, Soledad Becerril, el pasado martes.

Sin embargo, ese aumento generalizado de la actividad no ha llevado parejo un incremento de medios humanos y materiales para agilizar los trámites, motivado, según el propio informe, por “la coyuntura económica” española, que “no lo ha permitido”.

Esta situación ha provocado el envío de múltiples quejas a la Oficina del Defensor del Pueblo, por parte de personas que cuentan sus problemas concretos y los achacan a la falta de medios en los consulados.

Otros de los problemas que atañen a los españoles en el exterior tienen relación con las condiciones en las cárceles. En mayo de 2015 se presentó ante las Cortes Generales un estudio sobre la situación de los presos españoles en el extranjero del que ya se daba cuenta en el informe anual anterior, y en el que se recogían recomendaciones al respecto.

En el informe actual se concretan recomendaciones formuladas para la regulación de los supuestos de acceso a la justicia gratuita para los españoles presos en el exterior que carezcan de recursos económicos, así como la solicitud de refuerzo de los medios materiales y personales en los consulados que atienden a un mayor número de presos: Perú, Colombia, Marruecos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Grecia.

El estudio analiza las principales reclamaciones de los presos y sus familiares y da cuenta también de las carencias o deficiencias que presentan muchos de los centros penitenciarios, la asistencia económica a los detenidos españoles en el extranjero, o las dificultades existentes para la tramitación de los expedientes de traslado para cumplir condena en España.

El informe constata que, a pesar de las campañas realizadas durante los últimos años para concienciar a los ciudadanos sobre los peligros de acercarse a las drogas en los viajes al extranjero, el número de españoles recluidos por este motivo ha ido en aumento.

Se trata de ciudadanos que no suelen “ser conscientes de las sanciones que conlleva en muchos países estas conductas que, en algunos casos, son penadas con cadena perpetua e incluso la muerte”, se dice en el informe.

No obstante, según información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el último año se ha producido un ligero descenso en el número de presos españoles en el extranjero. Así, mientras que 2014 finalizó con 1.735 ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero, a fines de 2015 eran 1.549 los españoles en esta situación.

Durante el año 2015, regresaron a España dos ciudadanas españolas, madre e hija, que se encontraban privadas de libertad en Perú. El traslado de la madre era especialmente urgente, ya que por su delicado estado de salud, obedecía a motivos humanitarios.

Asimismo, fue trasladada desde Perú a España otra ciudadana española en un delicado estado de salud que, aunque permanecía estable, requería observación continua.

Visitas a presos

Durante el año 2015, con motivo de viajes internacionales realizados por la defensora del Pueblo y el adjunto primero o de personal de la Oficina, para participar en jornadas de trabajo de interés para la institución, se han aprovechado los desplazamientos para visitar a presos españoles en el extranjero, concretamente en Portugal, Colombia, Brasil, Argentina y Albania. Tras cada una de las visitas se han mantenido reuniones con los servicios consulares españoles, así como con las defensorías del pueblo de cada país al objeto de coordinar actuaciones que permitan mejorar las condiciones de vida en prisión o bien agilizar los expedientes de traslado.

Además, continuó también la colaboración con la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, como consecuencia de las acciones llevadas a cabo para impulsar la aplicación a los presos españoles de la rebaja de penas por tráfico de estupefacientes, aprobada en el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador. En este sentido, se han iniciado actuaciones para conocer la situación penal de los internos que fueron condenados en aquel país y trasladados a España para continuar el cumplimiento de su condena.

A través de la citada fundación se ha tenido conocimiento también de casos urgentes que se pudieron resolver en atención a motivos humanitarios. Así por ejemplo, el caso de una ciudadana española que se encontraba privada de libertad en Ecuador, y que en su momento desistió de solicitar su traslado a España. Esta institución realizó diversas gestiones a fin de que se reconsiderara su solicitud, teniendo en cuenta su delicado estado de salud, y que concurrían circunstancias excepcionales. Finalmente, en junio de 2015 dicho traslado se hizo efectivo.

Un año más se ha de hacer mención al seguimiento que se realiza de la situación de una ciudadana española, privada de libertad desde hace más de cuatro años en Tailandia, condenada a cadena perpetua. Como ya se indicó en el pasado informe anual, tras recaer sentencia en el año 2014, está ahora a la espera de cumplir los requisitos para solicitar su traslado a España. Durante el año 2015, se han mantenido constantes contactos con sus familiares y se ha hecho un seguimiento de las actuaciones de las autoridades consulares españolas, entre las que cabe destacar las gestiones realizadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su homólogo en aquel país o la reunión mantenida entre la Embajada española y el Defensor del Pueblo en Tailandia al objeto de explorar las posibilidades existentes que permitan acelerar las gestiones para hacer efectivo el traslado a España.

En el informe también se hace referencia al seguimiento que se realiza desde la institución de la situación del único español condenado a pena de muerte en los Estados Unidos de América. En abril de 2014 tuvo lugar la vista oral del recurso de apelación presentado a fin de obtener un nuevo juicio en contra de lo decidido en el año 2012, cuando el juez desestimó el alegato de la defensa para celebrar un nuevo juicio o, en su caso, repetir el procedimiento probatorio.

Cuatro de los siete jueces que integran el tribunal votaron, el pasado 4 de febrero, a favor de anular la condena a Pablo Ibar, de 45 años. La Fiscalía de Florida ha apelado ante el Tribunal Supremo del estado la anulación de la condena.