Memoria

A los herederos de los fusilados por el franquismo –y a los torturados que todavía viven– se les paga como a algunos trabajadores que encabezan un conflicto laboral en una empresa. Son los esquiroles los que disfrutan de las rentas del conflicto mientras que aquellos que lucharon por las mejoras quedan condenados por la empresa –que nunca ha perdido todo el poder, como la ideología interiorizada del franquismo– y relegados a los peores puestos, al olvido e incluso al desprecio. Resulta asombroso pero la mayoría de las asociaciones que tratan de recuperar la memoria de la República y de cuarenta años de silencios siguen hoy, en el siglo XXI, operando casi de manera clandestina, totalmente legal pero en la clandestinidad que otorga el desdén de las administraciones y de buena parte de los medios de comunicación, así como la constancia de que jamás se ha condenado a ninguno de sus torturadores, ni siquiera a aquellos que siguen vivos. En otros países serían héroes, se les saludaría por la calle con admiración y agradecimiento, como hacen los franceses con sus veteranos antifascistas, y aquí sobreviven al margen del Estado –o a pesar del Estado–, como si todos estuviéramos esperando a que se apaguen de una vez, que se mueran, porque nos recuerdan la complicidad de la mayoría de los españoles con la Dictadura.