El PP de la Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central la entrega del PERE

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presentó la pasada semana una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno de la Nación a entregar el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), para poder saber dónde están siendo registrados los españoles que están adquiriendo recientemente la nacionalidad y poder analizar las nuevas colonias residentes en el exterior, especialmente las madrileñas, que están experimentado un espectacular aumento.

Esta demanda viene motivada por no haber obtenido respuesta por parte de la Administración del Estado, tras haberlo solicitado en varias ocasiones.
La diputada del Partido Popular Ana Abella defendió en la tarde del pasado martes que esta información debería ser entregada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder desarrollar las políticas que el propio Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reconoce a los gobiernos regionales en defensa de los derechos y deberes de los madrileños residentes en el exterior.
“La nueva Ley de Nacionalidad o la Ley de Memoria Histórica ha hecho que nuestra población residente en el exterior se haya visto incrementada en los últimos meses en más de 24.000 nuevos ciudadanos, cifra muy superior a la media nacional”, dijo la diputada popular. “Es por ello, la urgencia con la que reclamamos estos datos, para poder conocer dónde se encuentran estos nuevos madrileños y ver qué necesidades tienes”, añadió.


Ignorancia y tergiversación 
Tanto la diputada Moya, por parte del Grupo Socialista, como la diputada Sabanés, por IU, defendieron no votar a favor de esta proposición y, según la representante del PP, “demostraron su falta de conocimiento del tema” además de que “trataron de confundir a los allí presentes con torticeras maniobras electorales”.
“Por eso es bueno, que sepan, –puntualiza la diputada popular–, que tras una resolución tomada de manera unánime por parte de todas las Comunidades Autónomas representadas en el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE) que convoca el Ministerio de Trabajo, fue el mismo director general de Emigración en aquel momento, Agustín Torres, el 11 de febrero del año 2009, el que se comprometió a elevar a las administraciones implicadas, ministerio de Asuntos Exteriores e INE, ya que él también reconocía la necesidad por parte de todos, incluida la Administración central de tener estos datos.”
“De manera reiterada, en la última reunión de la Comisión Sectorial de la comunidades autónomas el pasado 30 de junio, la directora general de la Emigración al frente, Pilar Pin, se ha vuelto a solicitar dicha información. Esta petición ha vuelto a ser unánime por parte de todas las comunidades autónomas”, afirmó la diputada popular.


Falta de reconocimiento
La diputada del PSOE fue todavía más allá al decir que “no se reconoce la autoridad autonómica en las políticas destinadas a la emigración, al considerarlo únicamente una competencia estatal”. La diputada Abella, a la que no se le permitió al término de la exposición hacer ningún matiz, se cuestionó, entonces, porqué todas las comunidades autónomas tienen departamentos, entes o direcciones destinadas a esta materia, y cómo es entonces que el Ministerio creó hace unos años una reunión sectorial de comunidades autónomas en la que en la actualidad están todas representadas, así como con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de la ciudadanía, se pasa de tener tres Comunidades sentadas en los plenos, a estar todas.
“El desconocimiento en la materia de la sra. Moya es total y absoluto, además de demostrarnos que no le interesan en absoluto los ya más de 210.000 madrileños residentes en el exterior”, declaró Abella.
“Está claro que si el PSOE llegase a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid se desharía de las políticas de emigración de un plumazo, ya que no las reconoce, ni como políticas, ni como sociales” , consideró.
Además, “tratar de confundir la petición de este padrón con un fin electoral es querer engañar a la gente. Esta petición lleva hecha más de dos años y gracias a una muy severa Ley de Protección de Datos, no se puede “jugar’ ni utilizar de manera libre estos datos de carácter privado”, valoró.