El Gobierno de Venezuela ratifica la expropiación de la empresa Agroisleña

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, confirmó el lunes 4 de octubre la expropiación de la firma agrícola Agroisleña, fundada en 1958 por el empresario canario Enrique Fraga Afonso, y afirmó que la medida no será revisada como pidieron algunos trabajadores de la firma.
“Yo decreté la expropiación de Agroisleña, ya está bueno. Ellos siguen especulando con la semilla, los fertilizantes, explotando a los pendejos. Yo les di chance (oportunidad). ¡Ah!, que están protestando, bueno que protesten está bien, tienen todo el derecho, pero están expropiados”, aseguró Chávez Frías. Así se expresó el presidente en el acto de inauguración de un liceo en la localidad de Araure (estado Portuguesa), centro-occidente del país.
“Será una nueva institución en manos del pueblo. Bajaremos los precios. Trabajaremos con el pueblo”, añadió el mandatario en alusión a la firma expropiada.
Hugo Chávez se refirió al caso luego de que trabajadores de Agroisleña pidieron que se revocase la expropiación de la empresa. Grupos de empleados de una sucursal de Agroisleña en la localidad de Acarigua (Portuguesa), en el centro-occidente venezolano, bloquearon una carretera de esa zona agrícola del país y pidieron al Gobierno “rectificar”.
“Hicimos una toma pacífica de la vía (...) estamos protestando para que (el Gobierno) tome otra medida” y revoque la nacionalización de la empresa, dedicada a la distribución y venta de productos agroquímicos, dijo a los medios locales el ingeniero Jesús Fernández.
El trabajador de Agroisleña resaltó que unas “800 familias” de esa región “dependen de la empresa”, que además apoya con financiación a miles de pequeños y medianos productores en el país, según explicó.
Agroisleña, que tiene 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país, se encuentra inscrita como empresa asociada en la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio (Cavespa). Fue fundada en 1958 por el empresario canario Enrique Fraga Afonso y actualmente está dirigida por su hijo, Luis Enrique, y beneficia a unos 18.000 productores venezolanos, de acuerdo a datos empresariales.
Chávez anunció el domingo 3 en su programa dominical de radio y televisión ‘Aló Presidente’ la expropiación de la empresa, sin precisar las causas de esa decisión. “Agroisleña está expropiada, ven a mí que tengo flor (...) se acabó el tiempo de la Agroisleña ésta, pasa a ser propiedad popular. Hago un llamado a sus dueños para que se pongan en contacto con el Gobierno”, dijo Chávez.
Ese mismo día, el jefe del Estado habló de “acelerar la revolución agraria” en el país, y en ese marco anunció la expropiación de 250.000 hectáreas de tierras supuestamente ociosas en tres regiones del occidente del país, específicamente la nacionalización de la llamada Compañía Inglesa, en referencia a los nueve hatos ganaderos de la inglesa Vestey, cuya toma anunció por primera vez en 2005.
Por su parte, el hijo del fundador de Agroisleña y uno de los actuales propietarios, Raúl Fraga, ha calificado de “injusto” el proceso de expropiación que sufre la compañía de capital español y canario después de “52 años trabajando” por el país y llevando “las principales tecnologías” del sector agroalimentario a Venezuela.
Fraga se encuentra en Venezuela desde donde relató cómo la autoridad venezolana tomó “las instalaciones principales y están empezando el proceso de expropiación y toma de control temporal” de la actividad, según explicó en declaraciones a Canarias Radio.
“Estamos operando en cierta manera con una duplicidad de funciones con ellos, esperando a ver qué acontece los próximos días”, comentó Raúl, quien dijo también que “la mayoría” de los 2.500 trabajadores de Agroisleña en Venezuela están “indignados” porque lo consideran “injusto” y “se sienten unos afectados, aunque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, diga que les garantiza su puesto de trabajo”.
Además, Raúl Fraga aseguró que desde el Gobierno venezolano “quieren hacer ver que la empresa ha incumplido leyes”, algo que calificó de “totalmente incierto”.
No se mostró seguro sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para la venta de Agroisleña al Gobierno porque, dijo, “en otro tipo de expropiaciones similares han llegado a acuerdos y han pagado” pero “en otros casos no”.
Los dueños de Agroisleña C.A, empresa que es propiedad de la española Agroinsumos, S.A., pueden recurrir al APRI (Acuerdo Protección Recíproca de Inversiones), que entró en vigor en noviembre de 1997, de la cual España es signataria desde 1994 y Venezuela desde 1996. En aplicación de este acuerdo, aquellos inversionistas que han registrado operaciones, en este caso, de España hacia Venezuela, no lograrán de mutuo acuerdo resolver una disputa, pueden demandar al país ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas), con sede en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.


Reacciones
Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife solicitará la mediación del embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela, Juan Ramón Serrat Cuenca-Romero, para que interceda ante el presidente Hugo Chávez Frías y “reconsidere la expropiación a la empresa canaria Agroisleña”. Esta solicitud la llevarán a cabo el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, y el actual consejero insular de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Efraín Medina Hernández, quien fuera viceconsejero de Emigración del Gobierno de Canarias.
La petición se llevará a cabo tras la confirmación por parte del propio presidente venezolano del decreto de expropiación de la firma agrícola Agroisleña. Asimismo, “se presentará –por parte del grupo de Coalición Canaria (CC) en esta Corporación– una moción para el próximo Pleno en la que se solicitará al Gobierno de Venezuela la reconsideración de la expropiación, y en la que se espera contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. A su vez, se procederá desde el Cabildo a solicitar la intervención de nuestros diputados y senadores en el Congreso y el Senado de la Nación, para que medien ante el Gobierno central en el apoyo a la revocación de esta expropiación”.
En este sentido, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Manuel Marcos Pérez, ha pedido al Gobierno de España que despliegue su aparato diplomático en Venezuela para lograr una solución a la expropiación de la empresa Agroisleña, propiedad de un ciudadano tinerfeño.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, el diputado socialista ha expresado la preocupación de su grupo por la situación que están viviendo muchos canarios que, a pesar de llevar “toda la vida” trabajando en Venezuela y participando en el desarrollo de este país, están viendo cómo sus propiedades están siendo expropiadas, situación que calificó de “injusta”.
El Partido Socialista Canario ha trasladado esta preocupación a la dirección federal del PSOE, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia del Gobierno de España, al entender que en estos momentos el Estado “debe desplegar una acción diplomática” que conduzca a la reconsideración de esta situación, dado que son “miles de familias canarias las que se están viendo afectadas”.
Manuel Marcos Pérez ha insistido en que está pidiendo una acción diplomática por parte de España, y no una confrontación del Gobierno de Venezuela, de manera que se puedan poner todos los instrumentos de la diplomacia para buscar una solución a este problema que está viviendo la empresa Agroisleña.
La presidenta del Partido Popular de Tenerife y vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Cristina Tavío Ascanio, ha reclamado la implicación inmediata del Gobierno de España tras la expropiación de la empresa Agroisleña.
Según destacó en un comunicado Tavío, la ocupación de esta empresa por parte del Gobierno venezolano, consumada tras la publicación de un decreto que ordena su expropiación en la Gaceta Oficial, supone “no sólo jugar con miles de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también un nuevo atropello a los intereses y propiedades de una familia de descendientes de canarios que está creando empleo y generando actividad económica en aquel país”.
“Se ha alegado una dudosa posición de oligopolio y de daño a la pequeña y mediana empresa para justificar la ocupación de una entidad liderada por canarios en Venezuela, de la misma manera que desde el año 2005 se han sucedido las expropiaciones de tierras, algunas de ellas por la fuerza”, agregó.
También, el portavoz del Centro Canario Nacionalista (CCN), Benito Codina, ha pedido firmeza al Cabildo de Tenerife en su denuncia de la expropiación de Agroisleña.
Codina ha manifestado “el más absoluto rechazo a una tropelía más del presidente de la República venezolana, Hugo Chávez, que aprovechó una de sus interminables alocuciones en su programa televisivo ‘Aló Presidente’ para anunciar la expropiación de la empresa de origen tinerfeño”.
Por ello, Codina ha solicitado al Cabildo de Tenerife que emita una respuesta firme que defienda los intereses de los tinerfeños en Venezuela. “Ahora no puede recibir un tibio apoyo de las autoridades insulares y regionales”, expone.
De igual manera, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su “total rechazo” de expropiar la empresa Agroisleña, y ha confiado en una respuesta “contundente” por parte del Ministerio de Exteriores y de Cooperación de España sobre lo que considera una “actuación inconstitucional, que lesiona los legítimos intereses de inversores canarios”.
El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, ha confiado, en un comunicado, en un posicionamiento “claro y rotundo” del conjunto de las administraciones canarias ante la política lesiva que Hugo Chávez está llevando a cabo contra los intereses de empresarios isleños afincados en Venezuela.
El gerente de una de las 55 sucursales de la empresa Agroisleña, William González, explicaba al presidente de la Cámara que las acusaciones de oligopolio lanzadas por el presidente venezolano para justificar la expropiación de esta compañía canaria-venezolana son “infundadas y no demostradas”.